Tegucigalpa.- La subcomisionada de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Sandra Rodríguez, indicó que entre las remisiones se encuentra la de un agente de la Policía Nacional.
La colusión para ingresar armas a los centros penales y otras faltas son las causantes que al menos 63 empleados ligados al INP fueran puestos a la orden a los entes administrativos o judiciales pertinentes para investigación.
«Uno de los puntos que nosotros tenemos que es el atacar, investigar y poner a la orden de la autoridad competente aquel funcionario o agente policial o penitenciario que ha ingresado armas al interior de los centros penitenciarios», detalló Rodríguez a Diario Matutino, de radio HRN.
Al respecto, cuando la presidenta de la interventora y viceministra de Seguridad Julissa Villanueva presentó el pasado 18 de abril los puntos claves de la comisión y anunció aplicación de pruebas de confianzas a los involucrados del cuidado de las cárceles.
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Al respecto, el plan de intervención ejecutó la «Operación Refundación Penitenciaria 1» en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, denominada como ‘El Pozo’.
En la primera parte del operativo, que duró más de cinco días de inspección, se encontraron, entre otros objetos prohibido, armas y municiones, celulares, trincheras blindadas, repetidores de WiFi y chalecos antibalas, pertenecientes presuntamente a miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y pandilla Barrio 18.
