Tegucigalpa.- A dos años de la implementación del estado de excepción como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, la situación en Honduras sigue siendo alarmante. Según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), más de 304,000 hogares han sido víctimas de extorsión, un aumento de más de 74,000 desde 2022.
El informe, titulado “Extorsión bajo la lupa”, revela que la tasa de victimización por extorsión pasó del 9% en 2022 al 11.6% en 2024. A pesar del estado de excepción, prorrogado 16 veces desde su implementación en diciembre de 2022, tres de cada diez hondureños afirman sentirse menos seguros.
El informe destaca una paradoja preocupante: aunque el número de hogares afectados ha crecido, las denuncias y detenciones por extorsión han disminuido. De 1,922 denuncias en 2021, se proyecta un descenso a 484 en 2024. Asimismo, las detenciones cayeron de 461 en 2021 a solo 175 este año.
Además del aumento en la victimización, el estado de excepción ha generado más de 600 denuncias por violaciones a los derechos humanos, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Llamado a reformular la estrategia
ASJ critica la implementación parcial del Plan Antiextorsión, señalando que solo cinco de sus 30 acciones han sido ejecutadas parcialmente. La organización insta a una reformulación urgente de la estrategia, enfatizando la necesidad de fortalecer las instituciones, restaurar las garantías constitucionales y atacar las causas estructurales del delito.
El informe concluye con un llamado a la colaboración entre la Policía Nacional, el sistema de justicia, el sector financiero y la sociedad civil para enfrentar de manera efectiva este problema.
