Tegucigalpa.- Personeros del gobierno salieron al paso de las críticas de la iniciativa privada a la Ley de Justicia Tributaria y afirmaron que no se trata de un ataque contra ellos, al tiempo que aseguraron “no se perderá un solo empleo”.
Sentenciaron que “lo que se van a perder son privilegios y escudos que permitieron que en el país en 12 años se perdieran 568 mil millones de lempiras por las exoneraciones y el principio de renta territorial”.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes: el coordinador del gabinete de gobierno, Rodolfo Pastor; el ministro de Gobernación, Tomás Varquero; el ministro de Gestión por Resultados de Honduras, Marcio Sierra; el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa; y el sudirector del SAR, Cristian Duarte.
El titular del SAR, Marlon Ochoa aseguró que el Proyecto de Ley de Justicia Tributaria no es una propuesta de un pequeño grupo de funcionarios radicales, “la revisión de este decreto fue aprobada en gabinete de gobierno por unanimidad”.
Enfatizó que la norma no es un ataque a la empresa privada, ni siquiera contra las empresas exoneradas que usan bien el beneficio.
Citó que la revisión de las exoneraciones, además de ser una sugerencia planteada por organismos internacionales hace más de una década “es una propuesta de gobierno contenida en el plan de refundación” que fue enviada esta tarde al Poder Legislativo.
Aludió que el gobierno planteó la Ley Tributaria desde el pasado 8 de marzo, pero la socialización comenzó en septiembre de 2022.
Defendió que “es una propuesta ampliamente socializada, no es cierto que no haya sido socializada. La diferencia de esta propuesta planteada por la presidenta es que ahora sí hay un gobierno que defiende y representa al pueblo”.
Las recomendaciones que pretenden mantener los escudos fiscales que pretenden mantener la evasión fiscal y blanqueamiento de capitales no se consideraron porque la esencia de la propuesta es combatir la corrupción.
“No podíamos aceptar propuestas que nos decían que no debíamos intercambiar información bancaria y tributaria con 146 países, tampoco podíamos aceptar que empresas ocultaran quienes eran los dueños de las empresas, entonces todas estas medidas que están contenidas en la propuesta enviada al Congreso aspiran a limpiar la corrupción que ha sido la norma no sólo en los últimos 12 años de gobierno, sino en los 140 años que han existido las exoneraciones en este país”, apunto.
Puntualizó que la expectativa del Cohep era redactar ellos artículo por artículo la Ley Tributaria que propone el Ejecutivo.
