Tegucigalpa.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) lamentó la decisión de retornar el control y operaciones del sistema nacional penitenciario a la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Además, instó a las autoridades a priorizar la reforma integral del sistema penitenciario, bajo una autoridad civil que garantice la seguridad a través de un abordaje especializado al fenómeno de grupos criminales, y que priorice la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
Por tanto, OACNUDH condenó el asesinato de al menos 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara el pasado martes 20 de junio, y se solidarizó con las familias de las víctimas.
El organismo internacional culpó directamente al Estado, “el Estado es responsable de proteger la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia, en particular de las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las mujeres. Estos hechos demuestran la imperante necesidad de acelerar una reforma penitenciaria que involucre a los tres poderes del Estado”, acotó Isabel Albaladejo, Representante de OACNUDH en Honduras.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) reportó que, al momento de los hechos, PNFAS albergaba 916 mujeres, por lo que las 46 muertes reportadas hasta el momento representarían alrededor del 5 por ciento de la población total del establecimiento.
“Preocupa en particular que dicho centro, al igual que el resto de los centros de detención, tiene una escasez crónica de agentes de seguridad penitenciaria, ya que el centro contaría únicamente con 52 elementos, cantidad insuficiente para garantizar la seguridad y el trato apropiado a la población penitenciaria”, señaló.
La Oficina recomendó que se mantenga una comunicación fluida y transparente por parte de las autoridades sobre los hechos sucedidos con los familiares de las víctimas y que se garantice una investigación objetiva y diligente, estableciendo responsabilidades de mando en materia de omisión de funciones o aquiescencia en relación con la falta de protección de las personas privadas de libertad. Se consideró crucial que la investigación se realice con una perspectiva de género.
A raíz de lo sucedido y frente al riesgo de repetición de otros hechos violentos, OACNUDH tomó nota de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de extender la aplicación del habeas corpus correctivo a todas las prisiones del país.
“En ese sentido, la Oficina consideró fundamental que el Estado se enfoque en aplicar métodos de seguridad dinámica en todos los centros y de manera simultánea, que permitan el levantamiento de alertas tempranas de riesgos, la adopción de medidas preventivas necesarias y aplicación de protocolos de emergencia que resguarden la vida e integridad de las personas”, recomendó.
Adicionalmente, la Oficina estimó que se deben seguir impulsando medidas institucionales urgentes para abordar otros desafíos que agravan la seguridad, como el descongestionamiento del sistema nacional penitenciario que actualmente presenta un índice de hacinamiento del 31.8 por ciento.
En particular, “se necesita fortalecer los esfuerzos existentes de coordinación interinstitucional entre el Poder Ejecutivo y Judicial para el otorgamiento de beneficios penitenciarios vigentes, así como para agilizar los procesos judiciales y reducir el uso de la prisión preventiva”.
“OACNUDH reconoce las falencias estructurales del Sistema Nacional Penitenciario que han persistido en el tiempo como el hacinamiento, la corrupción, la falta de seguridad y las malas condiciones en materia de derechos básicos como salud, educación y sanidad”, remarcó.
Sin acciones integrales, abordajes civiles especializados y mayores recursos materiales y humanos, estos factores continúan agravándose, generando las condiciones para la repetición de graves violaciones a los derechos humanos”, finalizó la Representante de OACNUDH, Isabel Albaladejo.
La Oficina reiteró su entero disposición de brindar su asistencia técnica al Estado de Honduras para implementar estas y otras medidas que garanticen la no repetición de estos hechos.
Fuente: Hondudiario
