Tegucigalpa. Una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revela que la corrupción genera el robo de 65 mil millones de lempiras al año en Honduras.
Este fue uno de los hallazgos más importantes que destaca el estudio presentado este jueves por el CNA y el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) bajo el título “La estimación del impacto macroeconómico de la corrupción”.
El CNA instaló hoy oficialmente el primer Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA) en Honduras, como aporte a la ciudadanía para la reconstrucción del Estado de derecho y el combate directo a las estructuras criminales que se benefician a través de un sistema que solo reproduce corrupción e impunidad.
La indagación detalla que «estas proporciones del peso de la corrupción, equivale al 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB), magnitud creciente que representa un verdadero obstáculo para edificar un Estado de bienestar, capaz de producir beneficios y oportunidades sociales que aseguren un clima socioeconómico y político prolongado a corto tiempo».
Esa colosal extracción ilegal de recursos es congruente con la afectación negativa al tejido social en materia política, económica, social y cultural que han provocado los corruptos, a tal grado que somos el segundo país con mayor percepción de la corrupción de Centroamérica y el cuarto a nivel continental; así como el segundo más desigual y el primero con mayor empobrecimiento de América.
El OPCA analizó, en tal sentido, que el nivel de involucramiento de algunas empresas, funcionarios, políticos y delincuentes del crimen organizado, ha sido determinante para establecer las simetrías de participación de los diferentes agentes que se han encargado de saquear las arcas del Estado.
La teoría implementada describe al flagelo como un fenómeno macroeconómico que afecta a todo el engranaje público y privado del país; esta propuesta sugirió dividir el accionar en que operan los corruptos en 15 modalidades, por nombrar algunas: la sobrevaloración, el soborno, el nepotismo, desvío de fondos, violación a la Ley de Contratación del Estado, apropiación de recursos públicos en la ejecución de programas sociales, venta de plazas, evasión fiscal, extorsión.
De acuerdo al estudio, estos mecanismos ilegales han sido incoados dentro de ocho diferentes sectores, tales como: el gobierno central, sector privado, el crimen organizado, gobiernos locales, el resto del sector público, organizaciones de sociedad civil, países cooperantes y organismos financieros internacionales; revelando que son los primeros tres donde mayor participación de la corrupción existe.
Tal premisa permitirá que, con el OPCA, Honduras posea la capacidad de generar aproximaciones concluyentes de cómo la corrupción ha penetrado las instituciones públicas y el desarrollo privado. Puesto que, con preocupación, es posible observar que en el último quinquenio este flagelo se ha encarnado de manera dramática en la nación, dando lugar a una triada del mal.
Por esa razón, esta instancia de sociedad civil denuncia con vehemencia la carencia de políticas públicas para prevenir y combatir verdaderamente la corrupción, y que los corruptos destruyeron el Estado de derecho; asimismo, se eleva una alerta por el detrimento de las garantías ciudadanas a partir del enfoque de la reivindicación de los derechos humanos.
Esta evidencia presentada, permite concluir que el fenómeno de la corrupción en los últimos años ha evolucionado hasta convertirse en un sistema agrupado tripartito, donde ya no solo participa el político común con sectores privados, si no que pasó a formar una asociación con las estructuras del crimen organizado.
