Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de la República aprobó un proyecto de ley donde ordena al Tribunal Superior de Cuentas cumplir con una sentencia del 30 de enero del 2019 por la reforma al artículo 238 del decreto legislativo 141-2017.
Se declara inconstitucionalidad del mencionado decreto por razón de forma ya que el TSC no tiene las facultades de investigar según lo dictaminó la Sala de lo Constitucional.
Una sentencia es algo firme, no ocupa que nadie le ordene que se cumpla, por lo que los legisladores están infiriendo en otro poder del Estado o desconocen las normas parlamentarias.
El espíritu del proyecto es devolver las funciones de investigación al Ministerio Publicó, pero la forma en cómo está redactado este podría ser impugnado en la Corte Suprema de Justicia.
El artículo tres de este decreto deja aún más en evidencia el analfabetismo legislativo, donde dice que al no cumplirse habrán responsabilidades penales, para los estudiosos de la ley esto está demás y no es necesario.
Como datos curiosos el decreto mencionado en su artículo uno utiliza la palabra inconstitucional la que no cuadra con la redacción, debería ser inconstitucionalidad, aquí falló la comisión de estilo.
También este proyecto paso por una comisión dictaminadora, los que al parecer no se asesoraron a la hora de redactar el dictamen final o lo hicieron a mata caballo sin ver los grandes como los pequeños detalles.
