Tegucigalpa.- El juez estadounidense Kevin Castel habría ordenado la protección a los documentos del caso del exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien deberá comparecer a su próxima audiencia el 10 de enero de 2023 tras ser extraditado por señalamientos de narcotráfico.
En ese sentido ha sido consultado este jueves el profesional del derecho, Josué Zúniga, quien considera que la secretividad es para evitar que personas mencionadas huyan a otros países con los que Estados Unidos no tiene acuerdo de extradición.
“El objetivo de esto me parece que es para no entorpecer el proceso investigativo que todavía se está dando en el caso del Tigre Bonilla”, expresó el abogado hondureño.
“La audiencia de él fue programada para enero de 2023 y esto le da tiempo a la Fiscalía -neoyorquina- para clasificar ciertos documentos que ellos pueden considerar una carga probatoria importante”, agregó.
El caso de Bonilla, apuntó el jurista, involucraría no sólo al exmandatario Juan Orlando Hernández, sino también a una amplia clase política del país que ha ocupado puestos de preeminencia y que obviamente están dentro de esa primera línea de colaboración para que se pudiera gestar el efectivo trasiego de drogas.
“Es importante que esta documentación no esté abierta ante el público o abogados privados que pudieran tener cierto interés en conocer cuestiones que puedan ser utilizadas por la fiscalía sur de Estados Unidos contra personas ligadas en temas reñidos con la ley”, dijo.
Antes de finalizar recalcó que los encargados del caso en el expediente de “El Tigre” buscan no entorpecer el proceso y mucho menos dar por aviso a aquellos que pudieran estar involucrados en ese tipo de delitos.
“Se debe proteger la prueba para lograr una efectiva y eficaz sentencia condenatoria en contra de todos los que pudieran ser mencionados en esa documentación”, concluyó.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras el 8 de abril autorizó la extradición a EEUU de Juan Carlos Bonilla Valladares, quien es reclamado por dos delitos asociados a narcotráfico y uno a uso de armas.
Luego, el 10 de mayo fue entregado oficialmente a los agentes de la DEA y trasladado en un avión desde Tegucigalpa hacia Nueva York donde enfrentará la justicia.
