Una investigación de Infobae revela por qué el exfiscal general Óscar Chinchilla huyó de Honduras y omitió investigar al expresidente Juan Orlando Hernández.
Óscar Chinchilla llegó a la reunión vestido con traje oscuro de dos piezas, camisa blanca de cuello duro y una corbata color cian.
Su anfitrión, Jeff Sessions, entonces fiscal general de Estados Unidos, vestía la misma combinación, pero su corbata era ocre.
El encuentro, que ocurrió en Washington, DC el 28 de julio de 2017, fue en espaldarazo importante para Chinchilla, el jefe del Ministerio Público de Honduras, ya entonces cuestionado en su país por blindar al presidente Juan Orlando Hernández de investigaciones por narcotráfico.
El tres de septiembre pasado, luego de vender al menos dos casas que tenía en Tegucigalpa, la capital, Chinchilla viajó por tierra a la vecina Nicaragua para tomar posesión como magistrado de la corte suprema centroamericana, con sede en Managua y que funciona con el beneplácito del dictador Daniel Ortega.
En Honduras la prensa y diputados oficialistas coinciden en que se trata de una huida: cercado por eventuales acusaciones penales y bajo amenaza de xtradición, Chinchilla se fue para no volver.
Sospechas
Tras él, en Honduras, Chinchilla deja una estela larga de sospechas. La más importante es que nunca investigó los alegatos de narcotráfico que pesaban contra el expresidente Hernández, su jefe, el hombre que la aupó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia a principios de la década pasada y luego como fiscal general, primero en 2013 y luego en 2018, mediante una reelección de último minuto.
Una de las narrativas que el ex fiscal hondureño logró diseminar con éxito, gracias en parte al apoyo de funcionarios estadounidenses destacados en Tegucigalpa y a medios internacionales de prensa que lo perfilaron, es que él fue el artífice de la lucha contra el narcotráfico en 2014 y que fue él quien diseño y ejecutó la captura de Miguel Arnulfo y Luis Alfonso Valle, líderes de la banda de narcotráfico conocida como Los Valle Valle. No fue así.
De hecho, parecen ser muy pocos, en Honduras, quienes piensan en Óscar Chinchilla al hablar de la caída del clan Valle Valle, la banda de narcotráfico más poderosa de la zona desde principios de siglo hasta 2014, cuando los hermanos fueron arrestados por Ramón Sabillón, entonces jefe de la policía, y agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Sabillón y los estadounidenses tuvieron que compartimentar la información y hacer los operativos a espaldas de Chinchilla por temor a que la información se filtrara, según confirmó uno de los oficiales hondureños que participó en la búsqueda y captura de los narcotraficantes.
Las cosas se complicaron cuando los hermanos Valle le dijeron a Sabillón, durante un interrogatorio posterior a las capturas en las montañas que rodean la aldea El Espíritu, en el departamento de Copán, que ellos habían operado bajo la protección de la familia Hernández.
Los Valle le dijeron al oficial que muchos de los tratos los hacían directamente con Tony Hernández, el hermano del entonces presidente.
Tony fue condenado en Estados Unidos a dos cadenas perpetuas más 30 años en marzo de 2021 por narcotráfico y Juan Orlando, el exmandatario, espera un juicio en Nueva York por los mismos crímenes.
Fue la DEA
El expresidente Hernández y el mismo Chinchilla intentaron también colgarse la medalla por la extradición de Los Cachiros, otra de las bandas importantes de narcotráfico en Honduras durante la década pasada, pero, como en el caso de Los Valle, esas capturas fueron ejecutadas por la DEA y fuerzas policiales que compartimentaron la información.
“Ninguno de esos fueron operativos de Chinchilla o del presidente, fueron operativos de la DEA cuando ya no confiaban en las autoridades… Confiaban en Sabillón”, dice uno de los agentes que estuvo implicado en los arrestos de Los Valle y Los Cachiros.
Dos investigadores hondureños que colaboraron con los estadounidenses en los casos de narcotráfico por los que se juzga a los Hernández y a decenas de funcionarios y criminales hondureños aseguraron a Infobae que el nexo del exfiscal Chinchilla con Los Valle, la banda de Copán, viene de los días en que él litigaba en las cortes departamentales.
“La carrera judicial de Chinchilla inició como juez de letras (de primera instancia) en Copán; en ese puesto lo posicionaron los Valle”, dice un funcionario de alto nivel del gobierno de la actual presidenta, Xiomara Castro.
Antes de entrar a la judicatura, Chinchilla ejerció como abogado particular en La Entrada, la segunda ciudad de Copán, a finales de los 90.
Ahí coincidió con Rolando Argueta, un abogado que entonces era juez de paz en la localidad.
En 2016, el Congreso controlado por el Partido Nacional del presidente Hernández nombró a Argueta como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
“Mi impresión es que estos abogados fueron reclutados desde entonces por el cartel de occidente para ocupar esos puestos”, dice uno de los investigadores consultados.
Cartel de occidente es uno de los nombres que las autoridades y la prensa hondureñas dieron a la organización criminal en que alguna vez coincidieron Los Valle Valle y la familia del expresidente Hernández.
En uno de los informes en poder de autoridades estadounidenses, al que Infobae ha tenido acceso, consta que durante un allanamiento a una de las propiedades de los Valle, agentes de la policía hondureña encontraron documentos que comprometían a Chinchilla con el clan de narcotraficantes.
En 2018, una agente de la oficina élite de investigación del Ministerio Público en Copán empezó a encontrar indicios de las relaciones entre los narcotraficantes de la zona, el presidente Hernández e importantes jefes fiscales.
El fiscal general Óscar Chinchilla no mandó a ampliar esas investigaciones ni ofreció refuerzos.
Lo que sí hizo Chinchilla fue encubrir el asesinato de la agente Sherill Yubissa Hernández Mancía, la jefa fiscal que empezaba a hurgar en las conexiones que llevaban desde Copán a la casa presidencial en Tegucigalpa.
Los sicarios de la ATIC
Aquella reunión de 2017 con el fiscal trumpista Jeff Sessions no fue la primera muestra de apoyo estadounidense a Chinchilla y a la fiscalía hondureña.
En 2015, cuando Óscar Chinchilla fue elegido fiscal general y jefe del Ministerio Público, Washington se volcó con apoyo técnico y financiero a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la unidad especial llamada a investigar delitos de crimen organizado y cuello blanco.
Con el tiempo, la ATIC se convirtió en un nido de sicarios y criminales, según documentos estadounidenses e informes hondureños desclasificados cuya autenticidad fue confirmada por un funcionario del gobierno actual de Honduras y por dos agentes de la administración Biden.
Sobre Chinchilla se cierne la sombra, según los documentos revisados, de haber tolerado escuadrones de la muerte que funcionaron en las entrañas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), una fuerza élite de fiscales creada en 2014 y encargada desde entonces de investigar el crimen organizado, el narcotráfico y a las pandillas MS13 y Barrio 18, responsables de un buen porcentaje de los asesinatos en Honduras en aquellos años.
Un funcionario hondureño que ocupa un puesto ministerial en el gobierno de la actual presidenta, Xiomara Castro y que conoció de cerca las entrañas de la ATIC durante los gobiernos de Hernández lo describe así: “La ATIC era un cuerpo de policía del fiscal general, de Juan Orlando… La formaron y la ocuparon para allanar de forma ilegal, para implantar pruebas, para matar y para asustar a sus enemigos”.
Un informe de la inteligencia policial hondureña, del que Infobae tiene una copia, da cuenta de que, desde 2014, agentes de la ATIC estuvieron involucrados en los asesinatos de tres menores de edad, estudiantes que habían participado tras la reelección ilegal del presidente Hernández en 2017, y de las muertes de otros dos jóvenes en el departamento de Olancho, uno de los más violentos del país.
De acuerdo con ese reporte, en las dependencias de asuntos internos del Ministerio Público hondureño hay archivadas al menos 17 denuncias de acoso o abuso sexual en que se señala a agentes de la ATIC.
Todas esas investigaciones fueron enterradas por órdenes de Ricardo Castro, el jefe de la unidad élite, con aval del ex fiscal general Chinchilla, según confirmó un funcionario del MP que habló con condición de anonimato por razones de seguridad.
Infobae intentó obtener una reacción a través de la unidad de comunicaciones de la fiscalía hondureña pero no hubo respuesta.
De todos los casos en que las investigaciones policiales relacionan a agentes de la ATIC el más fundamentado y el que mejor habla de cómo funcionaba el sicariato en la agencia es el asesinato de Sherill Yubissa Hernández Mancía, la agente que, de acuerdo con las investigaciones forenses e informes policiales que están en poder de las autoridades estadounidenses, fue ejecutada cuando investigaba los nexos entre el narcotráfico, el Ministerio Público y la familia presidencial.
“Había un grupo grande de sicariato en el que tenía jefeado por JOH (al expresidente hondureño se le conoce por sus iniciales en Honduras) y uno de sus hermanos.
Dirigían grupos paramilitares en contubernio con compañías privadas de seguridad y fiscales y policías”, dice una funcionaria hondureña que participó en la elaboración de los informes policiales sobre la ATIC.
Una de las células de esos grupos de exterminio, dice esta fuente, funcionaba en el occidental departamento de Copán.
Fue ese grupo el que, según estos investigadores, asesinó a la agente Hernández Mancía.
Hay un dossier de investigación grueso sobre el asesinato de la agente Hernández y, de acuerdo con una de las funcionarias que participó en elaborarlo, casi toda la documentación fue del conocimiento del fiscal general Chinchilla y de la embajada estadounidense en Tegucigalpa.
Un testimonio recogido en esa carpeta de cuenta de que Wilfredo García, un alto mando de la ATIC, entregó a la agente al grupo de sicarios de Copán en un hotel de Santa Rosa, la capital departamental.
Un testigo asegura que escuchó gritos de una mujer en el lugar. Pocas horas después de aquello, el cadáver de Hernández Mancía fue encontrado en su apartamento.
Desde el principio, la ATIC se hizo cargo de la escena del crimen, algo que no está permitido por ley, y alteró las pruebas, según han determinado una investigación en Honduras y otra en Estados Unidos.
Las investigaciones indican que García y otros cinco agentes de la ATIC montaron una escena del crimen en el apartamento de Hernández Mancía para simular un suicidio.
Ricardo Castro, el jefe de la ATIC, dijo que la agente Hernández Mancía se había suicidado, una versión que siempre apoyó en público Óscar Chinchilla, fiscal general y jefe de Castro.
Julissa Villanueva, una médico que entonces era jefa del departamento de medicina forense de Honduras, descartó de entrada el suicidio y, tras revisar la autopsia y las pruebas recabadas en la escena del crimen, estableció en su informe que se trató de un asesinato.
Villanueva envío varios informes y solicitudes al fiscal general Chinchilla para que el caso no quedara en la impunidad. La única respuesta que la médico recibió fue el anuncio de su destitución.
“Wilfredo García -el oficial que se supone coordinó la entrega de la agente Hernández a sicarios que él controlaba- era el tercero al mano en la ATIC, la mano derecha de Ricardo Castro… Siempre supimos que él (García) era el encargado de los trabajos sucios”, dijo uno de los investigadores en el caso de Sherill Hernández Mancía. Infobae trató de obtener reacciones de los funcionarios de la ATIC mencionados pero no hubo respuesta.
Wilfredo García también parece ser uno de los lazos entre la ATIC y las pandillas. Un funcionario hondureño, al tanto de las investigaciones, asegura que después de 14 meses de pesquisas determinaron que García está vinculado a un jefe pandillero llamado Yulan Adonay Archaga Carías, de alias Porky o Alex Mendoza, quien fue capturado durante un operativo antipandillas, pero, desde la cárcel, manejó una red de sicarios que también trabajó con el clan de narcotraficantes Los Valle.
A Porky se le atribuye, también, el asesinato de Magdaleno Meza, un narcotraficante que tenía en su poder documentos que comprometían al presidente Hernández con el crimen organizado.
Una investigación publicada en 2019 por el periódico estadounidense The New York Times establece que Wilfredo García estuvo casado con la hermana de un jefe pandillero de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras.
De acuerdo con uno de los investigadores hondureños consultados, ese pandillero es Porky.
Todos los investigadores y documentos consultados coinciden en que el fiscal general Óscar Chinchilla estaba al tanto de las actividades ilegales de la ATIC, de los nexos de sus agentes con el narcotráfico y que los toleró y encubrió para protegerse él mismo y para blindar su conexión con el expresidente Hernández.
Con el tiempo, la justicia estadounidense terminó dando credibilidad a los informes que les llegaban desde Honduras, sobre todo los relacionados con las protecciones que Chinchilla ofreció a los Hernández y a otros narcotraficantes.
En un documento presentado por los fiscales que llevan el caso contra el expresidente hondureño en Nueva York, el Departamento de Justicia da por válidos los testimonios que apuntan al ex fiscal general de Honduras.
“Juan Orlando prometió proteger a (Giovanni) Fuentes Ramírez del arresto y la extradición, diciendo que… el fiscal general Óscar Chinchilla los protegería y los haría intocables”, se lee en un documento presentado por el fiscal estadounidense Damian Williams ante una corte del distrito sur de Nueva York en mayo de este año.
Giovanni Fuentes Ramírez es un narcotraficante hondureño que dijo, en cortes estadounidenses, que recibió protección del expresidente y que incluso fueron socios en un narcolaboratorio.
El periodo constitucional de Óscar Chinchilla al frente del Ministerio Público hondureño terminó el 31 de agosto pasado.
Tres días después, el ex fiscal salió con rumbo a Nicaragua siguiendo la misma ruta que tomó, antes que él, Ebal Díaz, exsecretario privado de Juan Orlando Hernández y quien también está señalado por supuesto vínculos con el narcotráfico.
Sobre ambos, Díaz y Chinchilla, se cierne la sombra de una posible extradición a Estados Unidos de acuerdo con dos agentes hondureños que han investigado la red de narcotráfico de Hernández y han colaborado con las agencias estadounidenses que nutrieron el caso contra el expresidente de Honduras.
En Honduras, el partido de la presidenta Xiomara Castro en el Congreso ha mocionado para crear una comisión que investigue a Chinchilla, lo cual ha sido calificado como inconstitucional por académicos.
Mientras, en el mismo congreso permanece empantanada la selección del sucesor de Chinchilla.
Quien sea que llegue a la silla principal del Ministerio Público encontrará ahí a todos los monstruos que crecieron al amparo del ex fiscal, los sicarios, los pandilleros, los narcos.
