Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, aseguró este miércoles que la corrupción en Honduras es un problema histórico del que el actual gobierno tampoco ha logrado escapar. Durante la presentación del informe titulado “Relación entre corrupción y el desarrollo humano desde un enfoque econométrico”, Castellanos destacó que la corrupción sigue siendo un «círculo vicioso» que afecta profundamente al país.
La titular del CNA subrayó que la mala administración del presupuesto nacional, donde la mayor parte se destina al pago de sueldos y salarios, seguido por el servicio de la deuda pública, deja muy poco para la inversión en sectores clave como salud, educación e infraestructura. «Esto es especialmente preocupante en un país donde casi el 70 por ciento de la población vive en la pobreza y el 40 por ciento en extrema pobreza», añadió Castellanos.
Castellanos instó a los hondureños a reflexionar sobre si Honduras es realmente un país pobre o uno empobrecido por la corrupción y la ineficiente administración de los recursos públicos. «¿Quién nos empobrece?», cuestionó, destacando que la debilidad institucional y la corrupción constante deterioran la calidad de vida de los ciudadanos, afectando también la democracia del país.
La directora del CNA enfatizó la necesidad de fortalecer el estado de derecho y respetar la ley para mejorar la situación en Honduras, especialmente en un contexto donde los derechos humanos son frecuentemente vulnerados. “Le decimos a este Gobierno y a sus funcionarios que una de las recetas más sencillas es llevar al día la ejecución del presupuesto, porque sin inversión, el país difícilmente podrá superar su situación actual”, afirmó.
Castellanos describió la situación actual como un ciclo vicioso que ha persistido durante décadas, con un aparato gubernamental en constante crecimiento mientras la inversión en sectores cruciales es mínima o inexistente. Reiteró su compromiso de seguir educando a la ciudadanía sobre la importancia de la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho, utilizando un lenguaje accesible para que todos comprendan la relevancia de estos conceptos en la lucha contra la corrupción.