El debate sobre la institucionalidad y el papel del Ministerio Público en Honduras toma fuerza tras las declaraciones del constitucionalista Oliver Erazo, quien cuestiona si el actual fiscal general, Johel Zelaya, actúa como un servidor neutral de la ley o como un activista del partido en el poder.
Acusaciones de parcialidad
Durante un foro televisivo, Erazo afirmó que el país se encuentra atrapado en lo que denominó un “triángulo de las Bermudas antirrepublicano”, en el que se están perdiendo los principios de la democracia debido a la concentración de poder entre entidades que deberían ser independientes.
Según el experto, este triángulo está integrado por:
El Poder Legislativo, que elige al fiscal general.
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), cuyos magistrados son nominados también por órganos controlados políticamente.
El fiscal, quien estaría asumiendo un rol político al emitir juicios públicos y comentarios sobre casos en curso.
Erazo recordó que el Estatuto del Ministerio Público, en su artículo 53 literal E, prohíbe al fiscal general mantener militancia activa ni emitir opiniones públicas relativas a casos donde participa.
Con base en esto, cuestionó si Zelaya está desempeñándose como un fiscal imparcial o como parte activa de la estrategia partidista.
Riesgos para la institucionalidad
El constitucionalista alertó que si el fiscal y el Tribunal Electoral responden al mismo poder político, la justicia podría transformarse en una herramienta de control, en lugar de un pilar de la República.
Para Erazo, esta situación debilita la confianza ciudadana en las instituciones y representa un peligro para el Estado democrático de derecho.
