Tegucigalpa.- El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) ha generado un fuerte debate en el ámbito legal y económico del país.
Según el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, esta decisión podría tener consecuencias jurídicas serias, especialmente debido al posible impacto retroactivo del fallo.
Solórzano recordó que desde el inicio se había advertido sobre la inconstitucionalidad de las ZEDEs y los riesgos que implicaban para el país. Sin embargo, expresó su preocupación por el hecho de que la sentencia se aplique con efecto «Ex Tunc», es decir, de manera retroactiva. «Las ZEDE eran inversiones de alto riesgo, y la retroactividad del fallo podría agravar la situación legal y económica», advirtió.
Críticas a la falta de independencia judicial
El abogado también criticó la actuación del Poder Judicial, señalando que la influencia política en el pasado impidió que se aplicara la Constitución de manera adecuada. “La política ha contaminado al Poder Judicial, poniendo en peligro la seguridad jurídica del país y afectando la confianza en el Estado de Derecho”, afirmó Solórzano.
¿Qué pasará con las inversiones?
Por su parte, el abogado Oliver Erazo destacó que, aunque la inconstitucionalidad de las ZEDEs era algo ampliamente conocido, el fallo plantea interrogantes sobre el futuro de las inversiones y los empleos generados en estas zonas. «El problema no es solo la declaración de inconstitucionalidad, sino su efecto retroactivo, lo que invalida todo el proceso desde su origen», explicó Erazo.
El fallo anula la reforma constitucional que permitió la creación de las ZEDEs y deja en el aire la situación de las inversiones y capitales que ya habían sido destinados a estos proyectos. Según Erazo, la sentencia no ofrece una solución clara sobre cómo se manejará la continuidad de las ZEDEs que ya estaban operando, ni sobre las fuentes de trabajo que dependen de ellas.
Inseguridad jurídica y futuro de las ZEDEs
Tanto Solórzano como Erazo coincidieron en que el fallo podría tener efectos negativos en el clima de inversiones en Honduras. La falta de claridad sobre cómo el Gobierno planea resolver el futuro de las ZEDEs que aún operan bajo su marco legal anterior genera inseguridad jurídica, lo que podría ahuyentar nuevas inversiones.
«La gran pregunta ahora es cómo se resolverá el destino de las ZEDEs existentes, junto con el capital y la inversión ya comprometida», afirmó Erazo. Mientras tanto, los expertos en derecho temen que esta situación aumente la desconfianza en el país como destino para inversiones extranjeras.
Preocupaciones por el futuro
Solórzano concluyó advirtiendo que esta situación es solo el principio de una serie de conflictos legales y económicos que podrían derivarse del fallo, dejando a los hondureños a la espera de futuras decisiones que, sin duda, afectarán el desarrollo económico del país. «Esta historia continuará, y los únicos afectados seremos los hondureños que deseamos un mejor futuro», sentenció.
