Tegucigalpa.- El Juzgado Penal en Materia de Corrupción dictó medidas distintas a la prisión para Gabriel Rubí, Fernando Sierra, Gustavo Cruz y Arlette Montero, todos exfuncionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), acusados de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
– La audiencia inicial quedó programada para el viernes 10 de junio a las 9:00 de la mañana.
– El exadministrador de Copeco, Cristian Elías Santeli, fue el único que no se hizo presente a la audiencia de imputados.
El Tribunal en Materia de Corrupción, luego de celebrar la audiencia de declaración de imputados, determinó dictar medidas cautelares para cuatro exfuncionarios de Copeco.
Cuatro de los cinco imputados a excepción de Cristian Elías Santeli, comparecieron a la primera audiencia este jueves, la que se prolongó toda la tarde y culminó al filo de la medianoche.
El extitular de Copeco, Gabriel Rubí, se presentó de forma voluntaria para responder por las acusaciones y dijo a periodistas que no sabía cuáles eras las acusaciones, pero que no temía porque sus actuaciones siempre fueron en base a la ley.
Rubí al ser asediado por la prensa, afirmó: “En una pandemia cualquier cosa puede pasar, nadie estaba preparado”.
Relató que ya ha declarado en varias oportunidades ante fiscales del Ministerio Público.
Durante la maratónica audiencia se declaró “sin lugar” la excepción por falta de acción presentada por la defensa de los exfuncionarios de Copeco.
La acusación
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) solicitaron mediante requerimiento fiscal orden de captura contra Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exsecretario de Copeco; Gustavo Adolfo Cruz Gómez, exsubcomisionado de la misma institución; y Cristian Elías Santeli, exadministrador; a quienes se les supone responsables como autores directos de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
La acción que fue interpuesta en el Circuito de Juzgados Anticorrupción, establece que los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, solicitaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, el cual, según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitió los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos en donde se busca eficiencia y transparencia en la búsqueda de mejores condiciones de costo y calidad.
La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 % por anticipo sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral que empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacia las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.
Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la obra. En el mismo requerimiento fiscal se acusa a Arlette Magaly Montero Rodríguez, quien era la Directora Interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de Copeco, por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública y también para el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra por el mismo delito.
