Un Juez de Letras Designado en resolución de Audiencia de Declaración de Imputado dictó medidas cautelares distintas a la Detención Judicial a siete exfuncionarios del Fondo Vial y representantes de empresas acusados por la supuesta participación en los delitos de Fraude y Violación a los Deberes de los Funcionarios.
En su parte resolutiva el togado, agendó la realización de la Audiencia Inicial para el próximo martes 5 de agosto, fecha en la que se evacuarán los medios de prueba admitidos como indicios mínimos de responsabilidad penal o para desvirtuar algún tipo de participación en los ilícitos.
Según la acusación, esa dependencia ejecutiva asignó dos contratos para pavimentación de carretera para el departamento de Colón, uno de ellos por 28 millones 729 mil 514 lempiras y otro valorado en 5 millones 601 mil 643 lempiras, haciendo un total de 34 millones 331 mil 158 lempiras.
Entre los acusados se encuentran los ciudadanos Hugo Alfredo Ardón Soriano, Hugo Álvarez y Devis Leonel Maradiaga vinculados a las empresas INRIMAR y TÉCNISA, quienes según el Requerimiento Fiscal, las compañías no cumplían con la precalificación y eran de reciente creación por lo tanto no podían contratar con el Estado, los involucrados además crearon actas de recepción finales con irregularidades, la obra mal ejecutada no tenía los soportes y bitácoras de la construcción lo que causó un perjuicio para el estado por varios millones de lempiras.
Se informó por parte del Juez Natural que existen 4 órdenes de captura con carácter de vigente contra acusados en este mismo requerimiento fiscal.
MP pide medidas distintas a la prisión a los siete imputados en caso del Fondo Vial
El Ministerio Público ha solicitado medidas sustitutivas a la detención judicial para siete de los once implicados en el caso de corrupción del Fondo Vial, quienes se presentaron voluntariamente ante las autoridades. Entre ellos figuran exfuncionarios y empresarios señalados por la adjudicación irregular de contratos para obras viales en el departamento de Colón.
Las investigaciones revelan un perjuicio económico al Estado superior a 34 millones de lempiras, mediante licitaciones amañadas, falsificación de documentos, sobrevaloración de proyectos y pagos ilícitos. Las empresas involucradas, INRIMAR y Tecnisa, habrían sido beneficiadas con contratos fraudulentos, y se menciona incluso la participación de una diputada suplente que recibió sobornos.
Aunque la fiscalía considera que los delitos son graves —fraude, lavado de activos y asociación ilícita—, la entrega voluntaria de los acusados es vista como un acto de colaboración con el proceso judicial. Las medidas solicitadas incluyen presentaciones periódicas y prohibición de salir del país, mientras se mantienen pendientes cuatro órdenes de captura.
