Tegucigalpa – El comisionado presidencial encargado de la eliminación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), Fernando García, aseguró este sábado que las empresas que invirtieron bajo la figura de las ZEDEs pueden acogerse a la normativa jurídica nacional, tras la declaración de inconstitucionalidad de dichas zonas por parte de la Corte Suprema de Justicia.
García recordó que desde el 9 de marzo de 2022, los empresarios fueron notificados para adaptarse a los regímenes fiscales y legales ya existentes en el país. El comisionado enfatizó que no hay confiscación ni expropiación de bienes, como algunos han insinuado. «Que no vengan a hablar que les estamos confiscando o expropiando, no hay nada de eso, pueden acogerse a los regímenes locales», señaló el funcionario.
El comisionado responsabilizó a ciertos empresarios y exfuncionarios del gobierno por «vender ilusiones» y crear expectativas falsas sobre la estabilidad que proporcionaría la normativa de las ZEDEs, la cual fue declarada inconstitucional. A su juicio, si los planes de los inversionistas se basaban en una normativa que no tenía fundamento legal, es responsabilidad de ellos.
García también mencionó que el Estado ha recibido demandas de solo tres empresas vinculadas a las ZEDEs, pero destacó que estas no tienen ningún fundamento sólido. Añadió que la Procuraduría General de la República (PGR) está actuando con propiedad en la defensa del Estado.
En cuanto a posibles responsabilidades legales, García señaló que el Ministerio Público podría investigar a los diputados que votaron a favor de la creación de las ZEDEs, así como a los exministros Ebal Díaz y Ricardo Cardona, quienes firmaron memorandos para promover este proyecto.
Finalmente, el comisionado reiteró que las empresas que deseen continuar operando en el país deben adaptarse a las leyes nacionales, dejando claro que la decisión final está en manos del Estado.
