Tegucigalpa.- La empresa estatal china China Energy Engineering Group Northeast No.1 Electric Power Construction Co., Ltd. ha interpuesto una demanda contra el Estado de Honduras por un monto cercano a los 125 millones de dólares, equivalente a más de 3,100 millones de lempiras.
La demanda, presentada en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo el 13 de mayo de 2024, a través del abogado Antonio Martínez Díaz, está relacionada con una controversia en torno a una licitación pública.
La empresa china, que había ganado la licitación pública internacional N°100-017/2023 para el suministro e instalación de unidades generadoras, sistema ciclo combinado y equipo de subestación para la ampliación de las centrales de La Puerta y Ceiba Térmica, reclama que la resolución número 2-JD-EX-03-2024, emitida por la junta directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) el 27 de abril de 2024, es ilegal. Según China Energy, esta resolución infringe el ordenamiento jurídico vigente y ha llevado a la ejecución de una garantía bancaria de mantenimiento de oferta, además del pago de intereses legales.
El reclamo de la empresa china incluye la demanda de cumplimiento del contrato o, en su defecto, el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios. El monto solicitado corresponde al valor total de la adjudicación, que incluye la utilidad neta dejada de percibir, la garantía bancaria ejecutada y los intereses legales, según la resolución No. 01-JD-EX 10-2023 de fecha 21 de diciembre de 2023.
China Energy Engineering Group Northeast, con sede en Pekín, es una empresa estatal dedicada a la instalación de energía eléctrica, construcción de centrales eléctricas y proyectos industriales de ingeniería civil. La empresa fue la única participante en la licitación, lo que, según el experto en temas de energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kevin Rodríguez, debió haber llevado a la declaración de fracaso de la licitación.
Rodríguez también señaló que el monto demandado excede el presupuesto anual del Hospital Escuela, el principal centro hospitalario de Honduras. Mientras tanto, el abogado Javier Briceño, del Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial, argumentó que el problema no radica en el lugar de resolución de disputas, sino en el comportamiento del Estado hondureño, que genera incertidumbre entre los inversionistas.
Esta demanda representa otro desafío para el gobierno hondureño, en un contexto de creciente tensión con inversores y un reciente retiro del país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
