Tegucigalpa.- A criterio del comisionado de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hércules la actual contienda electoral será una de las más onerosas en la historia de Honduras.
El sábado 18 de enero arranca la campaña electoral en espacios publicitarios.
El periodo de propaganda electoral para las primarias arranca 50 días antes de los comicios programados para el 9 de marzo de 2025.
Recordó que para cada proceso electoral se define un límite de gastos de campaña distinto al anterior. Para el caso, el de la contienda de 2021 varía con respecto a este de 2025. Se hace con base a la carga electoral que tiene el país.
La carga electoral en el nivel presidencial supera los 5.8 millones de votantes, lo que significa que el límite de gastos de campaña electoral para un presidenciable ronda los 505 millones de lempiras, que es lo que podrá invertir en los límites que considera la normativa vigente.
En el caso de los diputados varía de acuerdo a la carga en cada uno de los departamentos. Ejemplo, en Atlántida con una carga de 287 mil votantes, entonces se multiplica por el doble del valor del voto, se divide por la cantidad de casillas disponibles (en este caso son 8), lo que genera un monto para límites de gastos de campaña por cada candidato que ronda los 3.1 millones de lempiras.
Igual sucede en el nivel electivo municipal. Para ejemplificar el caso del Distrito Central hay 824 mil electores y haciendo la conversión da un resultado de límites de gastos de campaña por 70 millones de lempiras.
Y si se compara con el municipio de Nueva Armenia, siempre en Francisco Morazán, donde hay 3 mil 300 votantes, aquí el límite ronda los 280 mil lempiras para campaña por cada candidato.
Hércules sugirió a los candidatos a cargos de elección popular no hacer caso omiso de los límites para gastos de campaña, ya que en el caso de no respetarlos podrían exponerse a sanciones o multas dependiendo el nivel electivo.
La ley establece multas de entre 5, 10 y 15 salarios mínimos en primera instancia a los precandidatos que incumplan con la normativa. Mientras, en segunda instancia se podría aplicar una multa pecuniaria que anda en los mil salarios mínimos, es decir más de 1 millón de lempiras.
Puntualizó que van detrás de la publicidad en redes sociales para conocer cuánto gastan los candidatos, desde lo orgánico hasta lo pagado.