El PSH presentó una iniciativa para reformar el decreto de Amnistía Política

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Tegucigalpa.- La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, confirmó este miércoles que envió ante la secretaría del Congreso Nacional (CN) una iniciativa para reformar el polémico decreto de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia.

“El proyecto de reforma consiste en que primero se tiene que definir bien lo que es un delito político, delito común conexo y lo que es persecución política y víctimas, que son conceptos que no están en la Constitución de la República, ni en el Código Penal”, explicó Ramos.

Asimismo, dijo que, “en segundo lugar, define el catálogo de delitos, ya que se adecuó a lo que son delitos políticos, además se refiere al resarcimiento de las víctimas que era algo que no lo contenía el anterior decreto, esto tiene que ser algo integral y no solo sacar a la gente de la cárcel, sino que el Estado por una mala acción pueda resarcir a la persona”.

La parlamentaria reconoció que la propuesta se presentó de manera tardía ante la Cámara Legislativa, pero que, si la misma hubiese sido presentada al siguiente día del que se aprobó, también era tarde porque una vez entrada en vigencia habría sido utilizada en Honduras.

Por su parte, la diputada de ese mismo partido político, Suyapa Figueroa, explicó que el pasado lunes fue presentada ante la secretaría del Congreso Nacional una reforma a la amnistía política “que recoge el verdadero propósito de la misma”.

Figueroa dijo que habría que analizar lo que pasará con los que ya fueron beneficiados con la amnistía política.

“Los jueces han actuado al margen del espíritu de la amnistía, recordemos que seguimos coaptados por poderes que no responden a los intereses de la nación, sino que a esas mismas redes de narcotráfico que son las que han prevalecido en nuestro país”, manifestó.

La congresista declaró que ella misma cuestionó la amnistía y “debo decir que no estuve de acuerdo en la forma en que se planteó, eso daba lugar a que personas que habían cometido delitos de orden público y contra el Estado se acogieran a esta amnistía y ese no era el propósito”.

De acuerdo a la parlamentaria, el propósito de esta amnistía era darle justicia a quienes fueron perseguidos por protestar contra un gobierno corrupto.

Cabe señalar que, la amnistía abarca a personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado.

De igual forma, quienes fueron requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra la destitución de Zelaya Rosales del poder  y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.

La normativa incluye delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada