Tegucigalpa.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) solicitó a la Junta Proponente para el proceso de selección de candidatos a fiscal general establecer protocolos de apertura a la veeduría de las organizaciones de sociedad civil.
«Además de que ya empezaron a sesionar, es importante que abran estos espacios ciudadanos para que las organizaciones de la sociedad civil hagan veeduría del proceso», indicó el asesor legal del Cohep, Rafael Jérez, a noticieros Hoy Mismo de TSi.
El pasado miércoles, la Junta Proponente sostuvo su primera reunión y en ella su presidente, Rebeca Ráquel, determinó designar a los integrantes de cinco comisiones de trabajo.
La Junta Proponente evaluará a los profesionales del derecho que aspiren a convertirse en fiscal general y fiscal general adjunto de la república, y sustituir de esa forma a Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, quienes vacarán en sus puestos el próximo 31 de agosto.
La Junta Proponente está trabajando en la elaboración del cronograma de actividades, la matriz de evaluación y la convocatoria.
El representante del Cohep aplaudió que la Junta Proponente definiera su mecanismo de trabajo y, además de ello, que hayan organismos internacionales detrás del proceso.
«La Junta Proponente tiene una base de instrumentos técnicos, es decir, hay una base de propuestas que los organismos internacionales presentaron para que se tomen en cuenta y, en función de ello, la Junta pueda desarrollar su trabajo», agregó Jerez.
La Junta Proponente está integrada: Rebeca Ráquel (presidenta de la Corte Suprema de Justicia – CSJ, quien la preside), Wagner Vallecillo (CSJ), Julio Raudales (universidades privadas); Odir Fernández (Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH), Blanca Izaguirre (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos – Conadeh); Alejandro Hernández (Colegio de Abogados de Honduras – CAH) y José Ramón Ávila (sociedad civil).
La Junta Proponente, con base en los resultados de la matriz de evaluación, seleccionará a los cinco postulantes mejor evaluados y remitirá sus expedientes al Congreso Nacional.
Las diputadas y los diputados, con un mínimo de 86 votos, seleccionarán a las personas que se desempeñarán como fiscal general y fiscal general adjunto en el periodo constitucional 2023-2028.
