El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, cuestionó duramente el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria (LJT), al que calificó como un “capricho mal estructurado” del Gobierno de Xiomara Castro, señalando que el mismo nunca respondió a criterios técnicos ni económicos, sino a intereses políticos.
“FMI se desliga y se revela que LJT fue un capricho mal estructurado del gobierno. Honduras necesita una reforma tributaria que estimule la producción y el crecimiento económico, no una que amenace y antagonice la inversión. LJT fue siempre un instrumento político, no económico”, manifestó Facussé en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
Las declaraciones surgen luego de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmara, tras una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado 18 de septiembre, que la Ley de Justicia Tributaria no forma parte de las metas del acuerdo Stand By con el organismo financiero internacional.
El Cohep destacó la importancia de que el debate en torno a reformas tributarias se realice en un marco de transparencia y con base en criterios técnicos, recordando que la credibilidad monetaria y la seguridad jurídica son pilares esenciales para atraer inversión y generar empleo en el país.
De igual manera, representantes del sector privado subrayaron que Honduras requiere un esquema fiscal que incentive la producción y brinde certidumbre a los inversionistas, en lugar de crear confrontaciones con quienes generan empleo.
En ese sentido, Facussé remarcó que insistir en una propuesta como la LJT, que ha perdido respaldo internacional, únicamente profundiza la desconfianza en el clima de negocios de Honduras. A su juicio, el verdadero desafío está en construir consensos alrededor de una reforma tributaria integral que impulse la competitividad, la formalidad y el crecimiento económico sostenible.
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria continúa generando divisiones en el ámbito político y empresarial, justo en un momento en que el país espera el resultado de la cuarta revisión del FMI, que podría habilitar un desembolso de 120 millones de dólares para el gobierno.
