El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, realizó una dura advertencia al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Según Orellana, el comandante militar ha confesado un delito y, por tanto, debe ser remitido ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación formal.
Según declaraciones difundidas en medios nacionales, Orellana señaló que la confesión del uniformado no puede quedar sin efecto y demandó que el Ministerio Público asuma su obligación constitucional de investigar. La intervención militar en asuntos electorales fue uno de los elementos que motivó la acusación pública.
El exfiscal subrayó que “cuando un alto mando militar admite responsabilidad, el proceso penal no está suspendido”, y advirtió que la cadena de mando también podría implicarse si no se actúa con prontitud.
El pronunciamiento de Orellana se produce en un contexto de alta tensión institucional en el país, con cuestionamientos crecientes sobre la imparcialidad militar en el proceso electoral y el papel del órgano encargado de las denuncias penales.
