Tegucigalpa – La diputada Suyapa Figueroa expresó su profunda indignación este jueves luego de que se conociera que el Congreso Nacional de Honduras ha gastado más de 106 millones de lempiras en el pago de asesores, asistentes y consultores durante el 2024, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Figueroa criticó este gasto millonario, argumentando que los recursos deberían ser destinados a áreas prioritarias como la salud, educación y seguridad, en lugar de financiar a un número elevado de personal en el Congreso.
«Es indignante que se destinen millonarias cantidades de dinero para el pago de asesores, asistentes y consultores, en lugar de invertir esos recursos en necesidades urgentes en los sectores de salud, educación y seguridad», expresó Figueroa. Además, denunció que varios de los beneficiados con estos pagos son familiares y amigos de los mismos diputados, lo que representa, según ella, una clara falta de transparencia y una mayor brecha de desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales.
La diputada agregó que este tipo de prácticas no solo afecta la eficiencia del Congreso, sino que también demuestra la falta de compromiso con los problemas más graves que enfrentan los hondureños. Su postura ha generado un fuerte debate público sobre el manejo de los fondos públicos, especialmente en momentos de crisis económica y con necesidades urgentes en diversos sectores.
Respuesta de la Oposición
En respuesta a las críticas, el diputado Marco Eliud Girón defendió los gastos destinados a asesores y asistentes, asegurando que son necesarios para mejorar la eficiencia del trabajo legislativo. Girón, quien es parte del oficialismo, destacó que, en comparación con la administración del expresidente del Congreso, Mauricio Oliva, la actual gestión ha logrado reducir significativamente la cantidad de empleados del Congreso, de 1,800 a 800.
«En la administración anterior había 1,800 empleados, actualmente la planilla se ha reducido a 800», explicó Girón, quien aseguró que este ajuste busca optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que los asesores y consultores desempeñen un papel clave en el proceso legislativo.
La polémica sobre el uso de los fondos públicos se ha intensificado con el reciente informe de la ASJ, que señala que, en lo que va del año, el Congreso Nacional ha gastado 106 millones de lempiras en pagos a asesores, asistentes y servicios profesionales, lo que ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad. Este gasto millonario pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de mejorar la eficiencia del Congreso y la crítica a los elevados costos en un contexto de austeridad y crisis económica.
