Tegucigalpa.- «Este jueves, un juez en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, llevó a cabo una audiencia inicial y dictó un auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión para los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras: Rina Alvarado, Wilfredo Méndez y Reinaldo Hernández, quienes enfrentan cargos por prevaricato judicial.»
Los exmagistrados deberán defenderse en libertad, tras pagar una caución de 5 millones de lempiras cada uno para Alvarado y Méndez, y 10 millones para Hernández.
El Ministerio Público les imputa haber emitido una resolución irregular que eximió a dos instituciones bancarias de pagar más de 159 millones de dólares, a pesar de que la Sala de lo Civil de la CSJ no tenía competencia para conocer el caso.
Esta decisión ha tenido un impacto significativo en el sector privado, afectando especialmente a la empresa Green Development Corporation (GDC), que ha estado luchando en los tribunales durante más de 16 años defendiendo una inversión en Roatán, Islas de la Bahía.
GDC, formada por un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros, tenía como objetivo desarrollar un ambicioso proyecto turístico que prometía transformar la economía local. Sin embargo, el fallo judicial ha causado graves perjuicios a la compañía, que ha denunciado la ilegalidad de la resolución ante las autoridades.
Hechos que condujeron al procesamiento
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) formalizó el procesamiento de los exmagistrados, quienes integraron la Sala de lo Civil de la CSJ en el periodo 2016-2023. Según las investigaciones, en marzo de 2022, emitieron una sentencia injusta y contraria a la ley, con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por una cuantía de 159 millones 810 mil 71 dólares con 39 centavos.
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el Pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, fuera devuelto a la nueva Sala de lo Civil. Este proceder es considerado antijurídico, ya que cuando un expediente llega al Pleno sin resolución unánime, no puede ser devuelto, dado que el Pleno actúa como instancia definitiva.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández presuntamente influyó en el Pleno para que los recursos de casación fueran conocidos y resueltos por la Sala que él integraba, demostrando un interés particular en el caso. Así, el 22 de marzo de 2022, junto a los magistrados Méndez Romero y Alvarado Moreno, emitieron una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias demandadas.
