Tegucigalpa.- El Congreso Nacional (CN) no logró aprobar este miércoles una reforma constitucional que otorgaría rango constitucional a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
La votación contó con el voto a favor de 82 diputados de las bancada de los Partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal (PL), Partido Salvador de Honduras (PSH), Democracia Cristiana (DC) y Partido Anticorrupción (PAC).
Sin embargo, la totalidad de la bancada del Partido Nacional (PN), principal opositor en el CN, se abstuvo con sus 44 votos, por lo que no se logró los 86 votos que establece la Carta Magna por ser una reforma constitucional.
Es oportuno mencionar que, la iniciativa de reforma que fue presentada por la diputada del Partido Libre, Xiomara Hortensia Zelaya, conocida popularmente como ‘La Pichu’, llegó a la dispensa de debates gracias al voto favorable de 123 parlamentarios.
Dicha iniciativa pretendía reformar el artículo 232 de la Constitución de la República que facultaría a este mecanismo internacional ejercer acciones investigativas de forma independiente, especialmente desarrollando inteligencia y análisis financiero.
No obstante, al final de la noche, no logró el apoyo necesario para elevar a rango constitucional el mecanismo anticorrupción propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Reacciones ante negativa de elevar a rango constitucional la CICIH
Zelaya manifestó que la CICIH es una promesa de la presidenta Xiomara Castro y un clamor popular de la población hondureña.
Además, agregó que la propuesta de reforma constitucional permitirá dar garantías a la comisión de tener independencia; autonomía y tener el poder de investigar y proceder contra quienes han cometido actos de corrupción.
«El sistema de justicia no ha dado los resultados esperados, la corrupción es un mal endémico que existe en todas las sociedades, pero la situación en nuestro país es lamentable», reconoció la congresista.
Por su parte, la diputada del PSH, Fátima Mena, indicó que esperaba aprobar este día la Ley de Colaboración Eficaz y no darle el rango constitucional a la CICIH.
Entre tanto, el presidente del CN, Luis Redondo, arguyó que la reforma al artículo 232 es blindar cuando la CICIH se instale en el país y no sea sacado como ocurrió con la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
El congresista de Libre, Jari Dixon expresó que sería un error combinar las diferencias políticas con un verdadero sistema administración de justicia es fallarle a la población hondureña.
Finalmente, el parlamentario nacionalista, Jorge Zelaya, aseguró que su postura es que la CICIH llegue y se instale en el país; pero señaló que el oficialismo no actúa de manera correcta.
Una promesa de campaña
La CICIH es una propuesta que surgió en 2015 por parte de la ciudadanía y las organizaciones de sociedad, del establecimiento de un organismo independiente e internacional con el objetivo de combatir la corrupción y la impunidad en Honduras.
También fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, cuya administración firmó en diciembre de 2022 un Memorando de Entendimiento con la ONU para la instalación de la CICIH, que consta de dos fases y que se ha ampliado tres veces.
La primera fase tiene como intención «que el Gobierno asiente los cimientos necesarios para el establecimiento de un mecanismo internacional, independiente y autónomo», se lee en el documento, que expresa la necesidad de una Ley de Colaboración Eficaz, que el Congreso Nacional tiene engavetada desde diciembre de 2022.
El gobierno hondureño entregó a la ONU una propuesta de convenio que incluye la reforma del artículo 232 de la Constitución de la República, una iniciativa que presentó en 2022 la diputada de Libertad y Refundación (Libre) Xiomara Zelaya.
El artículo se refiere a las atribuciones del Ministerio Público y establece que corresponde a este órgano contralor «el ejercicio oficioso de la acción penal pública».
Pero a criterio de algunos expertos, una reforma constitucional no es necesaria, además de que atrasaría aún más la llegada de la CICIH, ya que si se aprueba este año deberá ser ratificado en la siguiente legislatura de 2025.
