Tegucigalpa – La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) denunció este martes irregularidades en la reactivación de un contrato de generación de energía gestionado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según la organización, dicho contrato, firmado en 2008 y reactivado en 2023 bajo emergencia energética, contempla el uso de diésel en lugar de gas natural, lo que ha incrementado significativamente las tarifas para los usuarios.
Detalles del contrato y su impacto
El contrato original, otorgado a CECHSA durante la administración de José Manuel Zelaya, preveía la generación de energía utilizando búnker o carbón. Sin embargo, en 2024 se renegoció, ampliando la capacidad a 240 MW, reubicando la planta a Villanueva, Cortés, y comprometiéndose al uso de gas natural desde noviembre de 2024.
Pese a estas modificaciones, la planta sigue operando con diésel, lo que, según Kevin Rodríguez, experto en energía de la ASJ, ha resultado en un aumento del 15 % en las tarifas eléctricas desde junio de 2024. Rodríguez advirtió que esto impacta especialmente a los sectores más vulnerables de la población hondureña.
Fallas en planificación y supervisión
La ASJ subrayó que la ENEE justificó la reactivación del contrato bajo la emergencia energética, pero señaló que la planta Brassavola no operó a plena capacidad durante los meses críticos de verano. Además, denunció que no existen licencias ambientales ni infraestructura para el suministro de gas natural, lo que refleja fallas en la planificación y supervisión.
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) confirmó que no tiene registro de licencias ambientales para la planta ni para la construcción de la terminal de Gas Natural Licuado (GNL) que debía abastecerla.
Recomendaciones de la ASJ
Ante estas irregularidades, la ASJ propuso:
- Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra interpretaciones de la Ley de Energía.
- Revisar y debatir públicamente los contratos energéticos.
- Eliminar compras directas y licitaciones privadas en el sector energético.
- Instalar veeduría ciudadana en las contrataciones.
- Exigir la publicación de estudios de impacto ambiental relacionados con los proyectos energéticos.
Compromiso con la transparencia
La ASJ reafirmó su compromiso de velar por una gestión energética transparente y justa, insistiendo en la necesidad de proteger los intereses de la ciudadanía y evitar decisiones que encarezcan aún más el costo de la energía en Honduras.
