Tegucigalpa.- Conflictos de tipo económico y político, derivados del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria y la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros, han provocado una persistente inestabilidad en el Estado de derecho, con un 66 % de la totalidad de conflictos, equivalente a 159 sucesos, que ha generado tensiones y descontento en la sociedad.
Así lo explicó la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en informe «Monitoreo de Conflictividad en Honduras (enero-junio de 2023)», publicado este martes.
El informe, que se basa en datos de cinco fuentes distintas, incluyendo el Sistema Estadístico Policial de la Secretaría de Seguridad y el Sistema de Alerta Temprana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), resalta que esta conflictividad se ha transformado en un» indicador crítico de la salud democrática del país».
Este panorama involucra a diversos sectores, desde el gubernamental hasta el académico, empresarial y social, señala la ASJ.
Las manifestaciones o protestas, aunque son un derecho ciudadano, provocan confrontación y erosionan la confianza en la institucionalidad, explica la ASJ.
«Estos eventos han aumentado la tensión entre el Gobierno y la sociedad civil organizada, evidenciando una alarmante disminución de la confianza en las instituciones democráticas», precisó la organización.
Criminalidad persiste
La problemática no se limita únicamente al ámbito político, sino que la criminalidad sigue siendo un flagelo persistente, según el informe de la ASJ.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales y la implementación del estado de excepción, desde diciembre de 2022 y extendido por el Gobierno cada 45 días, la violencia criminal continúa siendo un desafío.
En los primeros seis meses de 2023 se han registrado 28 homicidios múltiples o masacres, con un desgarrador total de 155 víctimas, de las cuales el 40 % son mujeres.
El panorama se agrava con la presencia de altos índices de homicidios y asesinatos múltiples, factores que generan «conflictos internos y un impacto en la economía y el bienestar de la población», dice el informe.
Entre las cifras se encuentra la de 345 niños, niñas y adolescentes fallecidos de forma violenta durante el primer semestre del año, de acuerdo con datos del Conadeh.
Preocupa situación de DD. HH.
A nivel internacional también hay preocupación en torno a la situación de Honduras, con informes que denuncian violencia policial, criminalización de defensores de derechos humanos y periodistas, restricciones a la libertad de expresión y falta de protección para los privados de libertad.
Ante este contexto, la ASJ realizó un llamado al Gobierno para implementar medidas efectivas que aborden la inseguridad y protejan los derechos humanos de todos los ciudadanos.
«Se hace un llamado a las autoridades y actores políticos a superar la ingobernabilidad mediante la colaboración y el diálogo. Sólo a través de la búsqueda de soluciones conjuntas y el respeto a la diversidad de opiniones se podrán abordar los problemas prioritarios de la sociedad hondureña y alcanzar una resolución efectiva», cerró el comunicado.
