Tegucigalpa.- Al menos 950 millones de lempiras estarían bajo sospecha por presunto desvío en contrataciones irregulares del proyecto Red Solidaria, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la zona norte de Honduras.
La denuncia fue presentada este viernes ante el Ministerio Público en San Pedro Sula por Óscar Zelaya, activista del partido Libertad y Refundación (Libre) y empleado de Sedesol, quien asegura contar con pruebas documentales del presunto fraude.
En declaraciones a Noticieros Hoy Mismo de TSi, Zelaya afirmó que la institución habría gestionado más de 300 cheques a nombre de activistas de Libre en sectores como Chamelecón. Sin embargo, muchos de los supuestos beneficiarios aseguran no haber recibido pago alguno.
«Yo fui supervisor de zona y ninguno de mis compañeros recibió pago. ¿Quién los cobró?», cuestionó.
La denuncia señala directamente a funcionarios vinculados al oficialismo, a quienes acusa de manipular las contrataciones entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Según Zelaya, las irregularidades comenzaron durante supuestos talleres y capacitaciones realizados en la escuela Soledad Fernández, donde, según su testimonio, el manejo era opaco y controlado.
«Nos encerraban en aulas, nos quitaban los celulares… todo era manejado como un secreto de Estado», relató.
Zelaya sostiene que el proyecto fue utilizado como fachada para financiar las elecciones internas de Libre, celebradas en marzo de 2025. «Todo indica que fue con fines proselitistas. ¿Por qué no se ejecutó el trabajo antes del 9 de marzo?», cuestionó.
El denunciante afirma contar con constancias firmadas por Sedesol que lo acreditan a él y a otros como contratados. No obstante, al acudir al Ministerio de Trabajo, les informaron que dichos contratos no existen en los registros oficiales.
Los fondos estarían ligados al préstamo IDA 6401HN, ejecutado con financiamiento internacional. «En pasillos se habla de 950 millones de lempiras que no se sabe a quién se le pagaron. Si los activistas no cobraron, ¿quién lo hizo?», preguntó.
Además, reveló que al menos cinco diputados de Libre le enviaron perfiles y currículos para gestionar contrataciones. «Todo esto está documentado. El clientelismo fue real», aseguró.
Zelaya dijo haber recibido amenazas a muerte desde que comenzó a denunciar estas irregularidades. «No tengo miedo. Si rendimos cuentas como ciudadanos, el Estado también debe rendirlas», afirmó.
El activista de Libre pide una auditoría urgente: «Lo público también debe ser fiscalizado. No es posible que este dinero se haya manejado sin control y que hoy nadie sepa dónde está».
Esta denuncia trasciende mientras el Ministerio Público investiga a José Carlos Cardona, exsecretario de Sedesol, y a la diputada (suspendida) de Libre, Isis Cuéllar, por el supuesto uso irregular de fondos públicos con fines políticos en Copán.
La investigación se abrió tras la filtración de un audio donde Cardona y Cuéllar reconocen la entrega de cheques de 100 mil lempiras para actividades proselitistas.
Cortesía: TSI
