Tegucigalpa.- Honduras en sentencia internacional tras la declaración de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), donde condenó como culpable al Estado por la destitución «injustificada» de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cual se estima que tiene que pagar 50 millones de lempiras por esa mala decisión tomada en el año 2012.
En mención a esto, el presidente saliente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) debería hacer un proceso de retroactividad para responsabilizar a quienes tomaron tales decisiones en perjuicio del país.
“La PGR debería tomar en cuenta una acción de repetición contra las personas involucradas en ese tipo de procesos para que procedan a indemnizar al Estado de Honduras de esa derogación millonaria; que tendrá que hacerse, porque son sentencias donde hemos firmado convenios internacionales y son obligatorias”, dijo el profesional del derecho.
Canales, apuntó que, queda evidenciado la violación de derechos y garantías laborales que tenían los cuatro magistrados destituidos de manera ilegal por cuestiones políticas en el gobierno del 2012, todo por tener una independencia en sus funciones.
“El pecado de los magistrados destituidos fue tener independencia dentro de la Sala de lo Constitucional, y el precio que tuvieron que pagar, fue su destitución, sobre todo, con falsos señalamientos en medios de comunicación; el cual deben de aclarar y renovar la imagen pública que fue deteriorada en su momento”, señaló el entrevistado.
El togado indicó que en tales acciones prima la violación de intereses por temas políticos, económicos y sectarios, en perjuicio del Estado de Honduras.
A esto mismo, el abogado añadió que, la destitución de los cuatro magistrados fue realizada por un partido político «buscando el beneficio y control total de la Sala de lo Constitucional, donde tiempo después se aprobó la reelección presidencial y otros actos inconstitucionales».
Por otra parte, Rafael Canales, se refirió a los despidos laborales en el actual de Gobierno y señaló que que esas acciones deben de marcar un precedente para que las autoridades no violenten los derechos y garantías laborales establecidos en la Constitución de la Republica.
