La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó la apuesta por las políticas de mano dura para combatir la criminalidad en Honduras y advirtió sobre los riesgos de importar el modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Castellanos ha señalado que reproducir este esquema sin considerar las diferencias geográficas, políticas y sociales entre ambos países podría generar consecuencias negativas para la institucionalidad democrática hondureña.
La discusión ha cobrado relevancia ante el interés de representantes del Congreso Nacional por conocer la experiencia salvadoreña y evaluar medidas que puedan contribuir al combate de las maras, pandillas y otras estructuras criminales.
La propuesta de analizar el denominado modelo Bukele ha generado opiniones encontradas entre sectores políticos, profesionales del derecho y especialistas en seguridad, quienes debaten sobre la efectividad de estas estrategias y su posible aplicación en el país.
Entre los principales cuestionamientos figura el riesgo de debilitar los contrapesos institucionales y afectar las garantías fundamentales si las medidas de seguridad se implementan sin mecanismos adecuados de control y supervisión.
Ante este escenario, el debate sobre la seguridad nacional plantea la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de prevenir e investigar los delitos, mejorar el funcionamiento del sistema judicial y garantizar que las acciones contra la criminalidad se desarrollen dentro del marco constitucional.
La discusión también pone de relieve la importancia de evaluar las experiencias internacionales antes de adoptar medidas, considerando las particularidades de Honduras y la necesidad de obtener resultados sostenibles en la reducción de la violencia.
El desafío para Honduras consiste en combatir la criminalidad con políticas eficaces, fortalecer el sistema de justicia y garantizar el respeto al Estado de derecho, en medio de las propuestas para endurecer las medidas de seguridad.
