Tegucigalpa.- La Administración del presidente Donald Trump intensificó sus medidas contra la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer restricciones financieras y transaccionales contra el organismo, en medio de las tensiones por sus actuaciones judiciales y las órdenes de arresto emitidas contra figuras políticas aliadas de Washington.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha criticado duramente a la institución, a la que ha calificado de “corte rebelde”, y ha exigido cambios en sus actuaciones. Las medidas de Washington buscan aumentar la presión sobre el tribunal, al que acusa de exceder sus competencias y actuar contra ciudadanos estadounidenses y aliados de Estados Unidos.
Las sanciones podrían dificultar determinadas operaciones financieras y administrativas de la CPI, aunque su impacto dependerá del alcance de las restricciones y de su aplicación. La institución judicial internacional ha enfrentado anteriormente medidas de presión por parte del Gobierno estadounidense debido a sus investigaciones y decisiones judiciales.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar crímenes internacionales graves, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, dentro de los límites de su jurisdicción.
