Tegucigalpa – El Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, aprobó este martes dos nuevos reales decretos-ley en materia de vivienda, con un paquete de 21 medidas destinadas a facilitar el acceso al alquiler y a la compra, aumentar la oferta habitacional y reforzar la protección de los inquilinos.
Las nuevas disposiciones recuperan gran parte de las medidas que habían sido rechazadas por el Congreso el pasado viernes, aunque incorporan algunas modificaciones. Entre ellas destaca una línea de financiación de 10.000 millones de euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que contempla préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para personas que busquen adquirir su primera vivienda.
Los decretos también incluyen medidas para limitar las subidas de los alquileres y prorrogar hasta por dos años determinados contratos de arrendamiento. Además, contemplan incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles y nuevas regulaciones para los alquileres de temporada y por habitaciones.
Otra de las medidas contempla ampliar hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no cuenten con una alternativa habitacional. Asimismo, se establecen restricciones a determinadas operaciones de compra de vivienda por parte de grandes tenedores y fondos de inversión.
El Ejecutivo también anunció 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada de viviendas y 400 millones destinados a proveedores de vivienda social. Según Sánchez, las medidas buscan facilitar el acceso a una vivienda, aumentar la oferta y combatir la especulación en el mercado inmobiliario.
La aprobación ocurre después de que el Congreso rechazara los decretos anteriores y en medio del adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Debido a la disolución de las Cortes, las nuevas normas deberán pasar por la Diputación Permanente para su convalidación.
El Gobierno español sostiene que las medidas buscan responder a la crisis de acceso a la vivienda, mientras sectores críticos advierten que algunas de las restricciones podrían generar incertidumbre para la inversión y afectar la oferta de vivienda.
