Tegucigalpa.- El Gobierno de Honduras analiza la posibilidad de implementar un estado de excepción focalizado en los municipios que registran mayores niveles de incidencia criminal, como parte de una estrategia para reforzar las acciones de seguridad en las zonas más afectadas por la violencia.
El presidente Nasry Asfura confirmó que las autoridades trabajan en la identificación de los territorios donde sería necesario aplicar medidas extraordinarias, con el objetivo de concentrar los recursos y operativos de seguridad en puntos específicos.
La propuesta busca evitar que una eventual medida sea aplicada de manera generalizada en todo el país y, en cambio, limitarla a los sectores donde los índices delictivos justifiquen una intervención especial.
Defensa apuesta por acciones focalizadas
El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, también se refirió a la posibilidad de retomar el estado de excepción, aunque dejó claro que no es partidario de una aplicación amplia de esta medida.
El funcionario manifestó su preferencia por desarrollar operaciones dirigidas específicamente contra las personas vinculadas con actividades delictivas, procurando no afectar a la población que no tiene relación con la criminalidad.
“Yo soy más propenso a realizar acciones más quirúrgicas que vayan directamente al delincuente sin estropear la vida del ciudadano común”, expresó Rodríguez Burchard.
Según explicó, la propuesta podría ser analizada en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia que tendría que evaluar las condiciones de seguridad y determinar si procede una declaratoria de estado de excepción parcial.
Analizan municipios con mayor incidencia delictiva
Uno de los principales puntos bajo análisis es precisamente la delimitación territorial de la medida. Las autoridades buscan establecer cuáles son los municipios o sectores donde la criminalidad representa una mayor amenaza y que, por tanto, podrían ser incluidos en una eventual declaratoria.
El analista en seguridad Germán Licona señaló que la propuesta podría abarcar alrededor de 30 municipios, aunque esta cifra todavía no representa una decisión oficial y dependerá del análisis que realicen las autoridades.
La posibilidad de implementar nuevamente esta medida ocurre mientras el Gobierno busca definir una estrategia de seguridad que permita reducir los índices de criminalidad sin afectar de manera indiscriminada a la ciudadanía.
Por ahora, no existe una declaratoria definitiva de estado de excepción y la propuesta continúa bajo análisis de las autoridades de seguridad.
