Estados Unidos ha fortalecido su presencia y cooperación en materia de seguridad con Honduras y los países de Centroamérica mediante la ampliación de acuerdos enfocados en el combate al narcotráfico, la migración irregular, el crimen organizado transnacional y la asistencia humanitaria.
Honduras continúa siendo un aliado estratégico para Washington en la región, al mantener desde 1980 una presencia permanente de tropas estadounidenses en la Base Aérea Soto Cano, conocida como Palmerola. Según datos del Comando Sur de Estados Unidos, la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo (FTC-Bravo) opera desde esta instalación con aproximadamente 400 militares y personal civil, desarrollando misiones de cooperación regional, respuesta a desastres, asistencia humanitaria y fortalecimiento de capacidades de las fuerzas de seguridad de países aliados.
La FTC-Bravo también participa en operaciones orientadas a combatir el crimen organizado transnacional y fortalecer la coordinación regional en temas de seguridad y defensa.
Con la llegada del presidente Nasry Asfura al poder en enero de este año, Honduras y Estados Unidos han iniciado una nueva etapa de acercamiento en materia de seguridad. Como parte de este proceso, el mandatario hondureño sostuvo recientemente una reunión con el senador estadounidense Bernie Moreno, en la que abordaron temas relacionados con la seguridad regional, la lucha contra el crimen organizado y la migración.
A nivel regional, Estados Unidos impulsa el denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa presentada en marzo de 2026 que contempla el intercambio de inteligencia militar y policial, entrenamientos conjuntos, operaciones coordinadas y mecanismos de cooperación entre países aliados para enfrentar amenazas comunes.
La estrategia incluye a la mayoría de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entre ellos Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana.
Además de los esfuerzos contra el narcotráfico, la cooperación también se enfoca en la gestión de flujos migratorios y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos de la región para enfrentar desafíos relacionados con la seguridad pública.
Las autoridades destacan que estos mecanismos buscan fortalecer la estabilidad regional, mejorar la coordinación entre países y combatir de manera más efectiva las estructuras criminales que operan en Centroamérica y el Caribe.
