La Policía Nacional de Honduras aclaró este miércoles que la reciente clasificación de maras y pandillas como asociaciones terroristas dentro del Código Penal no dará paso a capturas automáticas ni arbitrarias contra personas que tengan tatuajes, sino que las acciones deberán sustentarse en procesos de identificación, investigación y pruebas de vinculación delictiva.
El director de la institución policial, Rigoberto Oseguera, explicó que la aplicación de la normativa estará sujeta al marco legal vigente y a los procedimientos establecidos por el sistema de justicia.
Según indicó, las autoridades deberán demostrar la pertenencia de una persona a estructuras criminales antes de proceder con cualquier acción judicial o policial.
“La Policía tiene que identificar, diagnosticar y probar que una persona pertenece a una agrupación delictiva y que existe un ilícito previo tal como lo establece la norma; no es una cacería de brujas”, expresó el funcionario.
Oseguera señaló que la figura de “asociación terrorista” ya cuenta con un respaldo jurídico dentro del derecho positivo hondureño y que las operaciones serán ejecutadas conforme a las competencias de los cuerpos de seguridad y los operadores de justicia.
Asimismo, reveló que actualmente existe un trabajo de inteligencia que se desarrolla de manera reservada y que está orientado a identificar estructuras criminales, ubicar integrantes y construir expedientes investigativos.
De acuerdo con el jefe policial, estas acciones buscan fortalecer futuros procesos de persecución penal mediante evidencia documental y análisis especializado.
Añadió que posteriormente podrían ejecutarse operativos de mayor intensidad para enfrentar organizaciones consideradas de alto impacto en materia de seguridad pública y reducir la incidencia delictiva.
En paralelo, aseguró que la Policía Nacional ha reforzado sus mecanismos internos de supervisión en materia de derechos humanos para acompañar las operaciones y prevenir posibles abusos durante la aplicación de la nueva normativa.
Oseguera afirmó que existen unidades especializadas encargadas de monitorear y orientar el desarrollo de los operativos con el propósito de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento de los procedimientos legales.
