Los hondureños que residían en Estados Unidos bajo el amparo del ya extinto Estatus de Protección Temporal (TPS) corren el riesgo de perder el patrimonio construido durante años de trabajo, advirtió este domingo la defensora de los Derechos de los Migrantes, Itsmania Platero.
“Quienes no pudieron encontrar a personas responsables para dejar sus bienes, casas, vehículos o empresas, no tienen cómo resguardarlos. No pueden traerlos ni traspasarlos a nombre de terceros”, lamentó.
Platero explicó que varias empresas pertenecientes a migrantes ya fueron cerradas y pasarán a manos del Estado.
Asimismo, alertó que aquellos que no cumplan con su deportación enfrentarán sanciones económicas severas: “Las multas superan los 900 dólares mensuales y se acumulan. Al momento de su captura, pueden llegar hasta un millón de dólares y, en algunos casos, derivar en encarcelamiento”.
La defensora instó a las autoridades a brindar acompañamiento y asesoría legal a los afectados, ante lo que calificó como una situación de alta vulnerabilidad para miles de familias hondureñas.
