Tegucigalpa – El fiscal Luis Javier Santos, de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (UFERCO), enfatizó este lunes que el requerimiento fiscal en contra del exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, no debe interpretarse como una persecución política, sino como un acto que responde a delitos específicos.
En sus declaraciones a los medios de comunicación, Santos aseguró que la investigación en torno a Asfura y otros implicados se ha llevado a cabo durante varios años.
“Ustedes los medios de comunicación deberían transmitir a la población que esto no es una persecución política, sino una persecución penal; es una investigación que viene desde hace años”, afirmó Santos a los periodistas que cubren el ámbito judicial.
Este lunes, Nasry Asfura, acompañado de otras siete personas, se presentó ante el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción para su audiencia de declaración de imputado. El fiscal también rechazó las afirmaciones de que este requerimiento constituya un doble juzgamiento, aclarando que la solicitud de antejuicio previa había sido desestimada.
“Hasta un alumno de primer año de derecho sabe que es un doble juzgamiento, y esto no es un doble juzgamiento porque no se les ha juzgado en ningún momento”, aseguró Santos, explicando que el antejuicio es un proceso que solo evalúa la forma y los elementos para determinar si un alto funcionario debe ser sometido a juicio.
Los imputados incluyen a Nasry Asfura, Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Ethel Castillo, quienes enfrentan acusaciones por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
También están imputados Mario Roberto Zerón Suazo y Rony López Córdova por fraude y violación de los deberes de los funcionarios, así como Wilmer Gerardo Rodríguez y Roger Ariel Amador por lavado de activos, fraude y uso de documentos falsos. Óscar Rolando Uriarte Romero es acusado solo por lavado de activos.
Según el Ministerio Público, Asfura, Borjas y Castillo habrían desviado la emisión de 32 cheques a su nombre entre 2017 y 2018, solicitados al banco administrador del fideicomiso de la AMDC bajo la justificación de “fondos rotatorios”, “fondos especiales” y “reembolsos de gastos”.
Sin embargo, se establece que los cheques fueron depositados en las cuentas personales de los imputados y posteriormente utilizados en beneficio de personas naturales y jurídicas vinculadas al exalcalde.
El ente acusador también indicó que algunas de las personas habrían cobrado los cheques y entregado el efectivo a uno de los imputados, considerado de confianza de Nasry Asfura. Además, se presume que parte del efectivo fue desviado para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía, pagar tarjetas de crédito y realizar compras de joyería.
