Tegucigalpa.- El juicio político en Honduras es un mecanismo constitucional que permite investigar y sancionar a altos funcionarios del Estado por faltas graves en el ejercicio de sus cargos. Este proceso es exclusivo del Congreso Nacional y puede derivar en la destitución o inhabilitación del funcionario señalado.
Para que avance, primero debe presentarse una denuncia formal sustentada en causas como violaciones a la Constitución, negligencia o acciones contrarias al interés nacional.
Uno de los puntos más determinantes es la votación: se requiere una mayoría calificada en el Congreso. En muchos casos, se necesitan al menos 86 votos de los diputados para que el juicio político sea aprobado, por lo que su viabilidad depende directamente del respaldo político dentro del Legislativo.
Además, el proceso debe seguir lo establecido en la Ley Especial de Juicio Político, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa del acusado durante todas las etapas.
