La presidenta del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, hizo un llamado al gobierno del presidente Nasry Asfura para que priorice la transparencia y la entrega de resultados concretos, más allá de los discursos y promesas de campaña.
En un análisis titulado ¿La racha o el espejismo?, Castellanos evaluó las principales propuestas del plan de gobierno “Honduras, vamos a estar bien”. Señaló que, si bien el programa contempla objetivos como la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la seguridad y la atracción de inversiones, estos requieren mecanismos claros de implementación, monitoreo y rendición de cuentas para ser efectivos en un país con altos niveles de escepticismo ciudadano.
La líder del CNA destacó que propuestas como la simplificación de trámites, la estabilidad jurídica para inversionistas, la construcción de viviendas sociales y la rehabilitación de infraestructura son pasos necesarios, pero subrayó que sin instituciones fuertes, controles eficaces y transparencia en la ejecución, los resultados pueden quedar lejos de las expectativas.
En materia de empleo, Castellanos señaló que si bien el objetivo de crear un millón de puestos de trabajo es ambicioso, falta claridad sobre cómo se garantizará la inclusión de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes y poblaciones rurales.
Asimismo, advirtió que los mecanismos de seguridad pública propuestos deben estar respaldados por reformas profundas en el sistema de justicia para ser sostenibles.
Sobre la lucha contra la corrupción, la titular del CNA indicó que aunque aparece en los discursos oficiales, no se han definido instrumentos, plazos ni responsabilidades claras que permitan medir avances reales.
Subrayó que en un contexto de escándalos frecuentes y desconfianza institucional, la ausencia de una hoja de ruta detallada representa un riesgo.
Castellanos también instó a reducir la polarización política y a promover un diálogo genuino entre los distintos sectores sociales y políticos, con el fin de reconstruir la confianza ciudadana y promover una gestión pública orientada al interés general.
