El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, denunció este martes ser víctima de una persecución política impulsada desde el oficialismo, luego de que el Ministerio Público (MP) presentara ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio en su contra y en la de su colega Miriam Barahona, por el presunto delito de prevaricato judicial.
Flores Urrutia afirmó que en los últimos días ha notado la presencia de vehículos sospechosos siguiéndolo, situación que calificó como parte de una campaña de intimidación. “He encomendado mi vida a Dios. Lo que está ocurriendo es una persecución desmedida, una copia de lo que pasa en Venezuela”, declaró el magistrado.
El funcionario sostuvo que el antejuicio promovido por el Ministerio Público no tiene fundamento, ya que sus actuaciones y las de la magistrada Barahona se realizaron conforme a la ley. “No nos arrepentimos de aplicar la ley. No vemos si es Cálix, Pedro o Juan; simplemente cumplimos con lo que manda la normativa electoral y constitucional”, señaló.
Flores aseguró que la acción del MP busca “asaltar y golpear las instituciones electorales”, debilitando la independencia del Tribunal de Justicia Electoral. “Honduras quiere paz y democracia, y este antejuicio representa una instrumentalización del Estado y un atentado contra la democracia del país”, subrayó.
El magistrado afirmó que la persecución se extiende a otros miembros de los órganos electorales, como la consejera del CNE Cossette López, su colega Miriam Barahona y el diputado Tomás Zambrano, quienes —dijo— también han sido objeto de presiones e intimidaciones.
“El Ministerio Público está obedeciendo directrices del Ejecutivo, eso es evidente. Hay una persecución marcada y dirigida contra quienes no se someten a intereses políticos o ideológicos”, denunció.
Finalmente, Flores Urrutia sostuvo que las resoluciones que emitieron junto a Barahona fueron sustentadas en la Constitución, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y diversos tratados internacionales. “Este no es un caso de ilegalidad, sino de independencia institucional. Las decisiones que tomamos fueron apegadas a derecho y dentro de nuestras competencias”, concluyó.
