Más de 55,000 hondureños que viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) están al borde de una definición crítica: su protección migratoria vence el 5 de enero de 2026, y aún no está claro qué pasará después.
Este limbo legal se produce después de que el gobierno estadounidense no emitiera un pronunciamiento oficial antes del 6 de mayo de 2025, lo que activó una prórroga automática de seis meses según la normativa vigente, tal como ha explicado el vicecanciller hondureño Antonio “Tony” García.
Ante la incertidumbre, líderes de la comunidad migrante intensifican su lucha para lograr una renovación del TPS. Desde diferentes frentes, se están coordinando acciones de presión política y legal para evitar que miles de “tepesianos” queden desprotegidos.
El gobierno de Honduras también ha mostrado su apoyo: a través de su red consular en EE.UU., autoridades hondureñas han reforzado el acompañamiento a los migrantes afectados por este proceso.
La amenaza de la terminación del TPS ha desatado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores migratorios, que alertan sobre el riesgo de deportaciones masivas si no se consigue una solución legal o una renovación del estatus.
