La socióloga Julieta Castellanos afirmó que los juicios políticos en Honduras deben continuar hasta su conclusión, de lo contrario podrían interpretarse como simples mecanismos de recomposición del poder y no como verdaderos ejercicios de control democrático.
En declaraciones sobre los recientes acontecimientos políticos, Castellanos analizó el juicio político contra el exfiscal general Johel Zelaya y la renuncia de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, señalando que ambos casos forman parte de distintos momentos de una misma crisis institucional.
Demanda ciudadana y riesgo democrático
Castellanos sostuvo que la exigencia de juicio político responde a una “demanda legítima” de la ciudadanía, que ha cuestionado el desempeño de funcionarios en órganos electorales y en instituciones clave como el Ministerio Público de Honduras y el Poder Judicial.
Según explicó, esta presión surge en el contexto de una crisis electoral caracterizada por la incertidumbre y la falta de confianza. “No fueron hechos casuales ni producto de la improvisación, sino percibidos como acciones planificadas”, expresó, al advertir sobre la participación activa y pasiva de diversos funcionarios, lo que habría puesto en riesgo el proceso democrático.
Respecto al caso de Zelaya, indicó que el juicio político permitió evidenciar un posible incumplimiento de sus funciones conforme a la ley orgánica del Ministerio Público, además de respuestas insatisfactorias durante el proceso y señalamientos de actuación selectiva.
Señalamientos de negociación política
En contraste, Castellanos calificó como un “contexto diferente” el caso de Obando. Recordó que, tras semanas de especulación sobre su posible juicio político, el Congreso Nacional de Honduras interrumpió el proceso al aceptar su renuncia como presidenta del Poder Judicial.
Desde su perspectiva, esta decisión representa “una burla a la ciudadanía”, ya que la renuncia se limitó al cargo de presidenta, pero no al de magistrada.
“Si las causales eran válidas para cuestionar su idoneidad, estas aplican tanto para la presidencia como para su función como magistrada”, subrayó.
La socióloga sugirió que la interrupción del proceso podría evidenciar una negociación política orientada a reorganizar el poder, más que a evaluar responsabilidades. Asimismo, criticó que al no continuar con el juicio, los diputados habrían otorgado un “perdón implícito” a posibles faltas.
Advertencia sobre aplicación selectiva
Finalmente, Castellanos advirtió que si el mecanismo del juicio político no se aplica a todos los funcionarios involucrados en la crisis electoral, existe el riesgo de que se utilice de forma selectiva.
“Dejarlo hasta aquí evidenciaría que no hay un verdadero interés en el control legislativo, sino únicamente en la recomposición de poder”, concluyó.
La académica también alertó que, si no se aborda el problema de fondo —el abuso de funciones por parte de servidores públicos—, la desconfianza ciudadana persistirá y la institucionalidad democrática del país continuará debilitándose.
