Este 8 de septiembre marca el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos, dejando a más de 55 mil connacionales sin cobertura legal y con la orden de abandonar ese país.
El programa, otorgado en 1999 tras el huracán Mitch, permitió a unos 80 mil hondureños vivir y trabajar legalmente en EE. UU. por más de dos décadas. Sin embargo, la administración estadounidense argumenta que las condiciones en Honduras han mejorado y decidió no renovarlo.
Aunque el TPS finaliza oficialmente este lunes, será hasta el 18 de noviembre cuando una Corte del Noveno Circuito en California emita un pronunciamiento que podría otorgar más tiempo a los afectados, aunque ya no sobre la vigencia del programa.
Líderes comunitarios y defensores de derechos humanos advierten que Honduras no está preparada para recibir a miles de retornados, señalando falta de empleo, ausencia de planes de reinserción y el impacto psicológico y económico que la medida provoca.
De acuerdo con estimaciones, las remesas enviadas por beneficiarios del TPS representan una parte clave de la economía hondureña, y su interrupción podría incrementar el desempleo en un 5% adicional.
La incertidumbre, la angustia y la vulnerabilidad marcan el panorama de los tepesianos, quienes hoy enfrentan la mayor crisis migratoria desde la creación del programa.
