El CNA ha denunciado más de 170 casos de corrupción en la última década, pero solo 20 han sido judicializados señala Gabriela Castellanos

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Tegucigalpa.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, reveló este sábado que en los últimos 11 años la institución ha presentado al menos 170 casos de corrupción, involucrando a más de mil personas, aunque lamentó que solo alrededor de 20 han llegado a instancias judiciales.

“Desde el 2014 hemos documentado e investigado 170 casos. Sin embargo, el 97 % de ellos continúa en la impunidad. Esto genera un profundo daño a la institucionalidad y a la ciudadanía hondureña”, afirmó Castellanos.

Durante su comparecencia, la titular del CNA subrayó que los sectores más golpeados por la corrupción son salud, educación e infraestructura vial, en los que se han desviado “miles de millones de lempiras”.

“Hemos identificado una red de corrupción que se extiende por varias instituciones, especialmente en procesos de compras de insumos médicos, contratación de personal, licitaciones públicas y adjudicaciones directas. Los perjuicios son enormes”, detalló.

Castellanos también cuestionó la falta de voluntad en el Congreso Nacional para rendir cuentas y actuar frente a los hallazgos del CNA. “Los informes que solicitamos siguen sin respuesta. El Legislativo nos demuestra cada vez más que sus prioridades no están alineadas con los intereses del pueblo hondureño”, dijo.

En otro tema, expresó preocupación por una nueva iniciativa legislativa impulsada por el oficialismo que permitiría que un tercero pueda reclamar el Documento Nacional de Identificación (DNI). Castellanos advirtió que la propuesta, planteada a pocos meses de las elecciones generales, genera sospechas.

“Este tipo de medidas levanta alarmas. Cualquier decisión en este momento debe estar enfocada en garantizar un proceso electoral transparente y democrático. No creemos que esta sea una acción correcta”, concluyó.

El CNA reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción, pese a la falta de respuesta de los órganos judiciales y legislativos del país.