El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos, en el que señala que en Honduras no se registraron avances significativos durante 2024 y persisten graves problemas como ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas, detenciones ilegales y restricciones a la libertad de expresión y de prensa.
El documento detalla que, aunque el gobierno adoptó algunas medidas para identificar y sancionar a funcionarios responsables de abusos, la debilidad del sistema judicial, la corrupción, la interferencia política y la falta de recursos continúan obstaculizando condenas efectivas.
El reporte también responsabiliza a grupos criminales y narcotraficantes de homicidios, torturas, secuestros, extorsiones, trata de personas e intimidaciones contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y otros sectores vulnerables. Pese a algunas investigaciones, la impunidad sigue siendo generalizada.
En materia de libertad de prensa, el informe destaca que, aunque la ley garantiza este derecho y el gobierno en general lo respeta, se registraron casos de amenazas, agresiones y censura indirecta. Entre estas, menciona la exclusión de medios de eventos oficiales y el retiro de publicidad estatal a medios críticos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) documentó dos casos de restricciones al derecho de expresión por parte de fuerzas de seguridad y otros de acoso contra periodistas.
Uno de los incidentes más graves fue la agresión sufrida por la comunicadora social Magaly Zelaya Ferman a manos de fuerzas de seguridad mientras cubría una protesta en septiembre. También se registraron amenazas provenientes de funcionarios y simpatizantes del gobierno contra comunicadores y activistas.
En cuanto a la seguridad personal, el Ministerio Público reportó 26 casos de presunta tortura cometidos por fuerzas de seguridad, mientras que el CONADEH contabilizó 37. Asimismo, se documentaron abusos sexuales, tratos crueles e inhumanos en centros penitenciarios y la muerte de 21 personas bajo custodia, cinco de ellas por violencia.
El apartado sobre derechos laborales advierte que, si bien la ley reconoce la libertad de asociación y la negociación colectiva, persisten restricciones legales que dificultan su ejercicio. Se reportaron despidos por pertenecer a sindicatos, amenazas contra dirigentes sindicales y sanciones ineficaces contra empleadores que incumplen la ley.
El Departamento de Estado concluye que, pese a existir marcos legales para la protección de los derechos humanos, la impunidad, la debilidad institucional y la inseguridad siguen siendo los principales obstáculos para su pleno respeto en Honduras.
