El exministro de Transparencia y exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, manifestó su preocupación sobre el nuevo esquema del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), recientemente aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Orellana lanzó duras críticas al modelo técnico que se utilizará en las elecciones generales de noviembre. “Según el arreglo del CNE, el sistema validará las actas que se sumarán a los resultados, pero la empresa valida el sistema. Y si la empresa está cuestionada por sus nexos, ¿cómo se evitarán las filtraciones fraudulentas? ¿Habrá auditorías?”, cuestionó.
El exfiscal advirtió que, si no se prevé una auditoría independiente, se corre el riesgo de consolidar un sistema favorable al fraude. “Si no se prevé auditoría, se confirma que el sistema está construido para que el más astuto haga fraude. Sería una conspiración más contra la democracia hondureña”, agregó.
Estas declaraciones surgen en medio de un ambiente de creciente inquietud pública ante la posible adjudicación del sistema TREP a la empresa tecnológica Smartmatic, cuyo fundador enfrenta señalamientos en Estados Unidos por presuntos sobornos y lavado de dinero vinculados a procesos electorales en Venezuela. Pese a haber operado en más de 30 países, la empresa ha sido objeto de controversias en elecciones marcadas por tensiones políticas.
Orellana subrayó la necesidad de que cualquier tecnología electoral esté sometida a mecanismos de control estrictos. “La validación no puede quedar en manos de una empresa sin supervisión rigurosa, mucho menos si arrastra antecedentes delicados”, señaló en otro mensaje.
Diversos sectores, incluidos partidos políticos, organizaciones de sociedad civil y observadores internacionales, han exigido que cualquier contratación de empresas proveedoras del sistema electoral esté acompañada de auditorías técnicas independientes, procesos transparentes y amplia veeduría nacional e internacional.
El proceso de campaña electoral está programado para iniciar el 1 de septiembre, y la advertencia de Orellana se suma a la presión pública sobre el CNE para despejar las dudas antes de que avance el calendario electoral. La legitimidad del proceso de noviembre dependerá, en gran parte, de la confianza en la tecnología que validará los resultados.
