Un juez natural dictó este miércoles detención judicial contra el diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, y otros cuatro ciudadanos vinculados a un presunto caso de corrupción que involucra el desvío de más de 3 mil millones de lempiras mediante demandas ilegales contra el Estado.
Además de Márquez, las personas a quienes se les impuso la misma medida son Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez. Todos ellos enfrentarán prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara, en las afueras de la capital, según informó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva.
Márquez, actual subjefe de bancada del Partido Nacional y líder en el departamento de Intibucá, enfrenta cargos por el delito de fraude, al igual que Madrid, Rojas y Vásquez. Por su parte, el juez Raymond Esaú Gradiz es acusado del delito de prevaricato judicial.
A Rafael Eduardo Chávez, otro de los implicados, se le dictó arresto domiciliario por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos.
Un caso que se remonta al huracán Mitch
Según el requerimiento fiscal, los hechos se remontan al año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras adjudicó contratos con fondos de cooperación internacional a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba legalmente autorizada para operar en el país.
DRC Inc. subcontrató de forma presuntamente irregular a la empresa NAINSA. Un año después, el cooperante internacional suspendió la ayuda debido a inconsistencias contractuales. Sin embargo, años más tarde ambas empresas promovieron demandas fraudulentas contra el Estado, fundamentadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
En enero de 2020, Nelson Márquez, entonces secretario de Estado en Sedecoas, recomendó legalmente la firma de un acuerdo ejecutivo con NAINSA para evitar lo que denominó una “erogación mayor”. Al mes siguiente, Sedecoas y NAINSA suscribieron un convenio extrajudicial que derivó en millonarios pagos por parte del Estado.
En 2022, el juez Gradiz admitió otra demanda millonaria pese a conocer, según el Ministerio Público, la nulidad del laudo arbitral. La Fiscalía sostiene que varios jueces continuaron ordenando pagos ilegales, en lo que describe como una red de corrupción estructurada.
Uno de los elementos que reforzaron las sospechas del MP fue la inasistencia del entonces representante de la Procuraduría General de la República (PGR), Héctor Alvarado Mejía, a una audiencia clave. Su ausencia fue justificada con un certificado médico cuya autenticidad ha sido cuestionada por el Ministerio Público.
Contexto político
El caso ocurre en medio de un ambiente político tenso a pocos meses de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre, lo que añade una capa de complejidad y expectativa a las investigaciones judiciales en curso.
