El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una dura respuesta este jueves tras la decisión de una jueza federal en California que bloqueó la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. El Departamento anunció que apelará la resolución y acusó a la jueza de emitir un fallo basado en consideraciones ideológicas y no legales.
La jueza Trina Thompson, nombrada por la administración Biden, argumentó que la cancelación del TPS respondía a “animosidad racial” y trazó paralelismos con la trata transatlántica de esclavos. En su fallo, afirmó que la decisión del gobierno de cancelar el TPS para decenas de miles de beneficiarios reflejaba una actitud hostil hacia sus razas y orígenes.
La jueza incluso señaló que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estaba enviando un mensaje discriminatorio a los 60,000 extranjeros amparados bajo el TPS, al expresar que debían “expíen su raza, se vayan por sus nombres y purifiquen su sangre”.
Ante estos señalamientos, el DHS calificó la decisión judicial como “repugnante” y sostuvo que ignora tanto el sentido literal de la ley federal como la naturaleza del TPS, cuya función es, por definición, temporal. Recordaron que el programa fue otorgado hace más de dos décadas tras desastres naturales, y que desde entonces los países beneficiarios han experimentado significativos avances.
“La integridad del sistema migratorio es fundamental para la seguridad de nuestra nación. El TPS nunca fue concebido como un mecanismo permanente ni como un sistema de asilo alternativo”, afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS. Añadió que el gobierno apelará la decisión con la esperanza de que un tribunal superior reafirme la autoridad del Ejecutivo conforme al Artículo II de la Constitución.
El Departamento también denunció lo que considera un uso abusivo del TPS, señalando que ha sido convertido en una forma de amnistía de facto que permite a personas permanecer indefinidamente en el país, muchas veces sin el debido control. Según el DHS, algunos extranjeros amparados por el TPS han cometido delitos graves, incluyendo abuso infantil y violencia, lo que pone en entredicho la viabilidad del programa bajo su estructura actual.
“El presidente Trump y la secretaria Noem están restaurando el sentido común en el sistema migratorio”, agregó McLaughlin. “El TPS debe volver a ser lo que fue originalmente: una medida temporal”.
El caso ahora queda pendiente de revisión por una instancia judicial superior. Entretanto, el programa se mantendrá vigente para los ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, mientras se resuelve el proceso de apelación.
