Tegucigalpa – La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucionales las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) ha reavivado el debate en Honduras sobre estas inversiones, las cuales fueron calificadas como violaciones a la soberanía nacional y de alto riesgo.
El comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, afirmó que las empresas que invirtieron bajo esta figura pueden acogerse a la normativa jurídica vigente en el país. “No estamos confiscando o expropiando nada. Pueden acogerse a los regímenes locales”, explicó García, subrayando que los inversionistas fueron notificados en 2022 sobre la necesidad de adecuarse a la legislación hondureña.
El fallo fue celebrado por funcionarios del gobierno, quienes consideran que las ZEDE representaban un enclave jurídico que excluía la soberanía hondureña en ciertos territorios. Sin embargo, el asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Gustavo Solórzano, advirtió que las inversiones bajo este esquema eran de alto riesgo y llamó a generar certidumbre jurídica para evitar más conflictos legales que podrían costar millones de dólares al país.
Por su parte, la diputada liberal Maribel Espinoza destacó que el fallo de la CSJ está apegado a la Constitución, aunque pidió al gobierno buscar una solución que evite que Honduras enfrente demandas millonarias. Espinoza subrayó que el Estado debe proteger los fondos públicos, especialmente en un país con tantas necesidades.
El dirigente nacionalista Fernando Anduray acusó al partido de gobierno de utilizar la inconstitucionalidad de las ZEDE como una estrategia política para debilitar a la oposición de cara a las elecciones de 2025. Desde el oficialismo, el diputado Jari Dixon instó a la Fiscalía a presentar cargos contra los parlamentarios que aprobaron las ZEDE, calificando sus acciones como traición a la patria.
La decisión de la CSJ, que anuló las reformas constitucionales que permitieron la creación de las ZEDE, es vista como un hito en la defensa de la soberanía nacional, pero también abre la puerta a posibles litigios internacionales que podrían afectar la economía hondureña.
