Honduras atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia democrática reciente. El Consejo Nacional Electoral ya emitió la declaratoria definitiva en los niveles presidencial, municipal y de diputados. En el Distrito Central, la voluntad popular se expresó con claridad: Juan Diego Zelaya ganó la alcaldía por 888 votos.
Sin embargo, quienes durante semanas bloquearon el escrutinio especial hoy pretenden impugnar los resultados alegando que no se contaron todas las actas.
Es necesario decirlo con claridad: no se puede sabotear el proceso y luego exigir que se repita.
El propio CNE dejó constancia de que el escrutinio completo de 430 actas no se realizó por obstrucciones imputables a partidos políticos, particularmente Libertad y Refundación, y por el retiro del voto del consejero Marlon Ochoa, lo que anuló la certificación unánime del 29 de diciembre que permitía contar las actas con inconsistencias.
Pero no fue solo un boicot “procedimental”. El país vio un boicot más grave: el de la violencia. El proceso post 30 de noviembre estuvo marcado por hostigamiento, intimidación y hechos criminales que buscaban paralizar el escrutinio especial: piedras lanzadas, ataques a buses de miembros de juntas electorales, bombas molotov y morteros que dejaron heridos y obligaron incluso a hospitalizaciones. Eso no es protesta: es terrorismo político.
Y cuando la violencia entra al proceso electoral, el objetivo no es “transparencia”. El objetivo es quebrar la institucionalidad, sembrar miedo, cansar al país y crear el ambiente perfecto para desconocer resultados.
Nuestra Ley Electoral se rige por el principio de preclusión: cada etapa que se cierra no puede reabrirse por simple inconformidad. Mucho menos cuando la parte que hoy reclama fue la misma que impidió que esa etapa se desarrollara, ya sea bloqueando la integración de juntas, gritando para impedir el trabajo o creando un clima de amenaza permanente.
El derecho es claro: nadie puede alegar en su favor su propia conducta irregular.
Permitir ahora un conteo extemporáneo sería premiar la obstrucción, abrir la puerta al chantaje político y sentar un precedente devastador: que basta boicotear con gritos, retrasos y violencia para luego exigir “abrir las urnas” como segunda oportunidad.
La declaratoria del CNE fue válida, motivada y emitida dentro del marco legal. No hay prueba de fraude, no hay evidencia técnica de alteración de actas, no hay hechos concretos que justifiquen anular la misma.
Lo que hay es inconformidad por una derrota estrecha, y un intento de convertir la violencia y el caos en estrategia post electoral.
Honduras necesita cerrar este capítulo con firmeza, proteger la seguridad jurídica y respetar la alternabilidad en el poder.
