La socióloga Julieta Castellanos afirmó que el control político ejercido por el Partido Libertad y Refundación (Libre) sobre diversos poderes e instituciones del Estado hondureño responde a intereses personales y partidarios, y no al bien común de la población.
Según Castellanos, esta tendencia se ha manifestado tanto en las elecciones primarias como en las generales recientes, y se ve reflejada en la presión y persecución contra funcionarios de órganos electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Castellanos señaló que durante el proceso electoral el gobierno y sus aliados buscaron influir en la conformación y actuación de instituciones clave, como el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP), con el objetivo de asegurar alineamientos políticos favorables.
Según su análisis, estas negociaciones y controles responden más a los intereses del partido de turno que a los intereses del pueblo hondureño.
La experta destacó que este tipo de prácticas puede afectar la independencia institucional y debilitar la confianza en el Estado de Derecho, especialmente en periodos electorales, cuando la transparencia y neutralidad de los órganos del Estado son fundamentales para garantizar procesos justos y equitativos.
