Tegucigalpa.- Mientras la indignación ciudadana crece ante los constantes escándalos de presunta corrupción, el Congreso Nacional (CN) parece avanzar en sentido contrario. En lugar de aplicar sanciones, continúa otorgando privilegios a congresistas que se encuentran bajo investigación o gozan de permisos remunerados.
Un caso emblemático es el de la diputada Isis Cuéllar, quien, pese a haber sido expulsada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y estar señalada por un supuesto desfalco millonario en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acaba de recibir una nueva camioneta blindada, autorizada por el presidente del Congreso, Luis Redondo.
Según una investigación del medio ICN Investiga, Cuéllar congresista por el departamento de Copán tenía asignada una Toyota Prado blanca, modelo 2022, que utilizaba para sus giras políticas y para trasladarse entre su departamento y Tegucigalpa.
Sin embargo, recientemente este vehículo fue sustituido por una Toyota Prado 2023, color gris metálico, con placas KVPA 4761 y número de VIN JTEDR9FC90K2961140.
En ese sentido, ICN detalla que el uso de vehículos blindados alquilados a una empresa privada está reservado principalmente para los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, y que su asignación está bajo control directo del presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo.
La entrega del nuevo vehículo a Cuéllar, pese a los cuestionamientos públicos y su expulsión partidaria, ha desatado fuertes críticas sobre el manejo discrecional de los privilegios estatales.
El 4 de julio, el Partido Libre anunció la expulsión de Cuéllar de su cargo como coordinadora departamental en Copán, luego de que se viralizara un video en redes sociales que la colocó en el centro del escándalo conocido como el “chequezo” de Sedesol
